El PSRM-PSOE ha propuesto este miércoles ampliar por ley los permisos de maternidad y paternidad hasta las 20 semanas de manera progresiva en tres años para todos los empleados públicos de la comunidad autónoma, lo que tendría un coste anual de unos 1,3 millones de euros.
El vicesecretario general del partido y portavoz de su grupo parlamentario, Joaquín López, ha presentado hoy en rueda de prensa esa propuesta tras reunirse con representantes de los principales sindicatos relacionados con la función pública (UGT, CC.OO., CSIF, AMPE y Sindicato Médico).
Según ha explicado, su partido ha registrado ya en la Asamblea Regional una proposición de ley en este sentido, y referida solo a los funcionarios públicos, puesto que la comunidad autónoma no tiene competencia para elaborar otro tipo de leyes que afecten a la empresa privada.
El objetivo es que tanto madres como padres puedan gozar de permisos de 20 semanas por el nacimiento de los hijos en 2021 ampliando progresivamente las bajas actuales, de cinco semanas para los padres y 16 para las madres.
Según ha detallado el diputado socialista Emilio Ivars, ponente de esta proposición de ley, el objetivo es que en 2019 el permiso de paternidad alcance las 12 semanas, manteniendo el de maternidad en 16 semanas.
En 2020 los padres disfrutarían de 16 semanas y las madres de 18 y en 2021, ambos progenitores tendrían 20 semanas de permiso, intransferibles en el caso de los padres para garantizar la igualdad efectiva en el cuidado de los hijos.
Ivars ha recordado que la normativa europea ya aboga por permisos mínimos de 20 semanas y este sería un primer paso para avanzar hacia esa realidad, y ha considerado que todas las medidas que se aplican a la función pública acaban trasladándose también al ámbito de la empresa privada.
López ha confiado en poder recabar el apoyo del resto de grupos parlamentarios, especialmente Ciudadanos y Podemos, quienes ya se han manifestado a favor de medidas de esta índole, y ha considerado "lógico y coherente" que también el PP esté de acuerdo con esta ley.
En cuanto a los costes que supondría la medida, rondaría los 1,3 millones de euros al año una vez implantada totalmente, a partir de 2021 (unos 380.000 euros en 2019 y unos 800.000 en 2020), siempre que se cubriesen todas las bajas de este tipo y teniendo en cuenta que en la región hay unos 700 partos anuales relacionados con trabajadores públicos.
La norma se aplicaría a los funcionarios de la comunidad autónoma (administración y servicios, educación y sanidad) y también a los trabajadores de entes públicos y organismos autónomos como el Info, el Instituto de Turismo o la radio-televisión pública autonómica.
