La venta de un piso de 750.000 euros en la Región paga 15.000 euros más por el Impuesto de Transmisiones Patrimoniales que en Madrid. Sin embargo, la misma operación cuesta 15.000 más en la Comunidad Valenciana que en Murcia, según los datos recogidos en una investigación sobre la tributación autonómica presentada ayer por el Consejo Económico y Social (CES). Los autores del estudio 'Competencias normativas tributarias de la Región de Murcia y su impacto recaudatorio. Análisis comparado' abogan por una homogeneización de sus sistemas tributarios de las autonomías para evitar la gran disparidad entre las comunidades.

Los profesores María José Portillo y Pedro Colao, de la Universidad de Murcia y de la Politécnica de Cartagena, respectivamente, que han realizado el informe junto a María del Carmen Pastor, dieron a conocer ayer en el CES las conclusiones del informe, que compara la aplicación de los diferentes tributos y el coste que comportan en cada autonomía entre los años 2006 y 2015.

Estas diferencias hacen que en el Impuesto de Transmisiones Patrimoniales lleguen a producirse diferencias de hasta 30.000 euros entre Madrid, que es la comunidad que menos grava la venta de inmuebles (45.000 euros por una vivienda de 750.000 euros), y las autonomías que en las que resulta más gravosa la operación, entre las cuales figuran Valencia, Galicia, Cataluña y Asturias (75.000 euros). La Región, con 60.000 euros, se sitúa en el término medio.

También existen grandes diferencias en Actos Jurídicos Documentados, el impuesto que se paga por la firma de escrituras notariales. Los autores del informe consideran que estos dos tributos generan «sobreimposiciones, pero tienen una clara capacidad recaudatoria y no son fáciles de suprimir o sustituir».

Respecto al Impuesto de Patrimonio, que en 2016 pagaron en 3.918 contribuyentes murcianos con bienes superiores a los 700.000 euros, Portillo y Colao defendieron que, además de ser «impopular», prácticamente no existe en ningún país. Recordaron que este tributo nació con la vocación «de servir de instrumento de control, no para recaudar», según indicó Colao. Los autores del estudio añadieron que en 1978 «podía ser más o menos útil, pero hoy día hay instrumentos de control más potentes». Como «se reguló de forma tosca» y «no está cumpliendo la función para la que nació, la mayoría de los expertos abogan por su supresión, pero hay voces que defienden que se mantenga, aunque piden, al mismo tiempo homogeneizar el tratamiento en el territorio nacional».

Sobre el IRPF los autores indican que «es central en el sistema y, además una importante fuente de ingresos para las comunidades». Señalan que «de su aplicación se ha criticado el hecho de que ha generado desigualdades entre comunidades, sobre todo por la diferenciación de tipos de gravamen y la dispersión de las decisiones en cuanto a las deducciones de la cuota. Se ha propuesto una mayor capacidad autonómica para modificar el tipo de gravamen aplicable a la renta del ahorro, modificar los mínimos personales y familiares y autorizar a las comunidades a establecer deducciones empresariales». Su conclusión es que es necesaria «una mayor coordinación» y que la existencia de deducciones autonómicas complica el panorama tributario.

En Sucesiones, que Murcia ha rebajado al 99%, reclaman«una homogeneización en toda España», además de simplificarlo.