Las inspecciones alimentarias son fundamentales para garantizar la seguridad y evitar sustos como intoxicaciones o brotes derivados de una mala conservación o una inadecuada manipulación. Sin embargo, para que todo funcione de la forma correcta y las cadenas alimentarias o de transformación cumplan todas las normas de seguridad es necesario contar con una plantilla de inspectores sanitarios que actualmente dista mucho de estar al nivel de las necesidades que existen.
Así lo dicen los propios inspectores del servicio de Seguridad Alimentaria y Zoonosis de la Dirección General de Salud Pública de la Consejería murciana y representantes sindicales, quienes vienen denunciando desde hace meses la sobrecarga de trabaja que tienen estos empleados y los riesgos que se asumen al no ser suficientes para hacer todos los controles sanitarios que son precisos.
Desde Salud se viene luchando desde hace tiempo para intentar lograr un aumento de veterinarios, de ahí que se hayan planteado como objetivo el que la plantilla crezca en doce personas el próximo año 2019.
El aumento de la actividad de los mataderos, el crecimiento del número de establecimientos de restauración y hoteleros y el endurecimiento de la normativa europea hace que la carga de trabajo también vaya en aumento, de ahí que desde Salud Pública se lograra el pasado mes de mayo la incorporación de cinco nuevos veterinarios con un contrato temporal de seis meses de duración que finalizaría el próximo mes de octubre.
Aquella incorporación fue interpretada desde Ronda de Levante como un «parche» que sólo venía a resolver el problema de forma temporal, de ahí que se emitiera un informe interno dirigido a Función Pública en el que se exponía la necesidad de doce nuevos inspectores.
Hacienda, el departamento que maneja el presupuesto y decide a qué va destinado cada euro que se gasta, no accedió a las peticiones de la Consejería de Salud y le contestó que moviera a su propio personal y que quitaran inspectores de la calle (encargados de supervisar alimentos en colegios, hospitales, restaurantes y mercados) para mandarlos a mataderos, una propuesta ante la que se negó en rotundo el director general de Salud Pública, José Carlos Vicente. Finalmente, tras un contundente segundo informe, el responsable de Salud Pública logró que se le autorizara los cinco nuevos veterinarios temporales a los que se renovará ahora, pero seguirá ‘peleando’ por lograr el refuerzo de la plantilla que necesita su departamento.
A la cola de España
Fuentes sindicales indican que Murcia tiene la mitad de inspectores sanitarios que la media de España, donde se registra un inspector por cada 12.000 habitantes. «Estamos a la cola del país en dotación en sanidad pública y hacen falta doce inspectores más de forma urgente», afirman. En este caso inciden en que el refuerzo de la plantilla no sólo es necesario para garantizar la seguridad alimentaria sino también para el comercio, ya que la actividad industrial ha crecido mucho en los últimos años. «La producción de cárnicos se ha multiplicado por cuatro y se mantiene la misma plantilla de inspectores de los años noventa», critican.
Los veterinarios que trabajan en el departamento de Seguridad Alimentaria y Zoonosis de la Consejería de Salud de la Comunidad Autónoma realizan cada año unas 10.000 inspecciones y se analizan cada año más de 4.000 muestras. Además de visitar establecimientos, mercados, colegios u hospitales también controlan los productos de las empresas cárnicas o los pescados del Mar Menor.
Preguntado por la situación de este equipo del que forman parte un centenar de profesionales, farmacéuticos y veterinarios, el director general de Salud Pública indica que dos de los cinco veterinarios a los que se les acaba ahora el contrato han sido incluidos en la RPT (relación de puestos de trabajo) y los tres restantes serán renovados para la puesta en marcha de nuevos programas de control veterinario por las nuevas normativas de la Unión Europea. «Incrementaremos la plantilla en la medida que se pueda», reconoce Vicente.
Durante este año se ha hecho frente a ocho brotes sanitarios
Durante los ocho primeros meses de este año (del 1 de enero al 31 de agosto) los veterinarios que trabajan en el servicio de Seguridad Alimentaria y Zoonosis de Salud Pública han realizado un total de 7.035 inspecciones, según los datos facilitados por la Consejería de Salud de la Región de Murcia.
De todas estas inspecciones se establecieron medidas correctoras en 2.868 de los casos, establecimientos en los que el inspector indicó que había que hacer algún tipo de instalación o cambio en las existentes. Además, en estos ocho primeros meses del año los responsables de Salud Pública han hecho frente a ocho brotes sanitarios y han recibido 716 denuncias. De ellas, 70 corresponden a las alertas nacionales AECOSAN, de las que se han realizado 118 visitas.
Asimismo, las autoridades sanitarias han iniciado 145 expedientes sancionadores entre cuyos motivos principales destacaron las condiciones higiénicas que presentaban y la falta de trazabilidad.
