El pacto, que no fue bien recibido por los sectores más progresistas de Europa, reduce las tasas aduaneras para un gran número de productos y estandariza normas para favorecer los intercambios; también cambia profundamente las relaciones comerciales entre ambos países.

Canadá gana mayor y mejor acceso a un mercado de 500 millones de personas (UE), con ventajas para sus empresas que no tienen otras grandes potencias económicas como Estados Unidos o Japón.

Las europeas se ahorrarán más de 500 millones de euros al año en aranceles y aumentarán su cuota de acceso a las licitaciones públicas en Canadá, en mercados como las telecomunicaciones, la energía o el transporte.

No entran en el CETA los servicios sanitarios, sociales o la educación, y se aplican restricciones a otros como el audiovisual. Tampoco permite la exportación canadiense de organismos genéticamente modificados (OGM) o ternera tratada con hormonas.