El Sindicato Central de Regantes del Acueducto Tajo-Segura (Scrats) acaba de hacer pública la memoria correspondiente a 2017 en la que dos cosas quedan claras: aún no se ha logrado tener una garantía de agua, especialmente para el regadío; y el coste de los recursos que se reciben es cada día más elevado.
«Ha pasado un año más y no hemos conseguido solucionar ninguno de nuestros problemas de inseguridad hídrica de las últimas tres décadas, sino que se acrecientan», lamenta el presidente del Scrats, Lucas Jiménez.
Jiménez, además, apunta que todo el Levante español va a necesitar cada vez más agua, no solo para la agricultura sino también para el abastecimiento; y que las alternativas propuestas (como la desalación), «suponen un incremento del precio».
Los regantes llevan tiempo lamentando que mientras esto ocurre en la Región de Murcia, en el sur de Alicante y en el norte de Almería, en el resto de España siguen pagando lo mismo por el agua que reciben, y sólo tienen problemas puntuales de desabastecimiento (en la mayoría de los casos subsanables con infraestructuras porque no están bien reguladas las cuencas). «Pero nosotros, en el Segura, no tenemos problemas de regulación, sino de escasez de agua», subraya.
Precios abusivos
Y, por si les faltaba poco, ahora tienen que lidiar con la nueva tarifa del Trasvase, que al contrario de lo que sería lógico, les ‘penaliza’ cuanto menos recursos de la cabecera del Tajo reciben. Se llega a multiplicar por 7 el precio del metro cúbico a menor cantidad de agua recibida.
Los nuevos precios, que entraron en vigor el 18 de junio del año pasado, se basan en un cambio de filosofía adoptada por el Ministerio que entonces dirigía Isabel García Tejerina, mediante el cual los apartados a) y b) de la tarifa, correspondientes al Coste de las Obras y a los Gastos Fijos de Funcionamiento, son cantidades constantes, que los usuarios deben abonar con independencia del consumo realizado, es decir, reciban o no agua del Tajo.
El Sindicato la ha recurrido a los tribunales, porque «desvirtúa el concepto de la propia tarifa», subraya Lucas Jiménez, y añade que desde entonces no han pagado ni un euro. «Estamos empecinados en seguir adelante, porque es lo justo», advierte.
En la memoria, el Sindicato incluye un gráfico (que reproducimos en esta página), en el que se ofrece un cálculo del importe para riegos de la nueva tarifa, a abonar en función de los volúmenes trasvasados.
Se da la circunstancia de que parte de la tarifa, la correspondiente a la amortización del coste de las obras, se reparte entre las tres comunidades autónomas ‘cedentes’: Castilla-La Mancha (que obtiene el 45%), Madrid (33%) y Extremadura (22%). Estas regiones han recibido, entre los años 1986 y 2016, un total de 290 millones de euros.
Ni mafiosos ni extorsionadores
«Nosotros no tenemos ningún problema en pagar, pero exigimos que nos garanticen el agua», deja claro Jiménez, quien añade que «no sé lo que dirá la Unión Europea, pero lo cierto es que aquí ya pagamos tres veces más por el agua que el resto de las cuencas».
El presidente del Scrats tampoco se siente muy feliz con el hecho de que el debate del agua siga, año tras año, siendo hiriente para los agricultores murcianos, y levantinos. «Sobre todo desde Castilla-La Mancha nos han llegado a llamar mafiosos y extorsionadores; son palabras muy duras y más cuando vienen de autoridades públicas», comenta, dejando claro que en aquella Región los agricultores no están teniendo problemas para regar.
