Los datos ofrecidos por Interior dividen las infracciones en tres tipos: drogas, seguridad ciudadana y armas o explosivos. Desgranados por comunidades, el Ministerio publica en su web datos de 2016 y 2015.

En 2016, por ejemplo, el Gobierno central se embolsó 467.226 euros procedentes de los bolsillos de un total de 791 murcianos que fueron sancionados por un asunto relacionado con explosivos.

La mayoría de las infracciones (708) fue por portar y exhibir armas prohibidas, así como por hacer un uso negligente o temerario de estas.

Asimismo, hubo 59 multas por fabricar o adquirir, incumpliendo la norma, explosivos o artículos pirotécnicos. Estas sanciones supusieron para el Estado unos ingresos de 34.772 euros en la provincia.

En cuanto a las drogas, en 2016 se recaudó en multas vinculadas a la Ley Mordaza en la comunidad murciana un total de 19.375 euros, frente a los 10.920 de julio a diciembre de 2015.

En 2016, por ejemplo, hubo en la Región una multa por permitir que se consumiesen y vendiesen drogas en un establecimiento público. El infractor pagó 601 euros, detalla el desglose facilitado por el Ministerio.

Interior también detalla que en el año 2016 se multó en la comunidad a 117 personas por causar destrozos en el espacio público. En total, 70.971 euros a abonar entre todos. En 2015 fueron 35 sanciones y 21.102 euros de suma.

Con los datos globales registrados de los dos años y medio que lleva en vigor la ley, la vecina Comunidad Valenciana es la segunda en el ranking nacional tanto en sanciones como en recaudación, con 59.960 multas que han reportado unas sanciones económicas de 29.780.686 euros, lo que la sitúa solo por detrás de la también colindante Andalucía y por delante de Canarias y de Madrid.

En la comunidad autónoma de Andalucía, en concreto, el dinero que se ha embolsado de momento el Ejecutivo nacional asciende a 86.707,670 euros. Hay que tener en cuenta, no obstante, que se trata de la Región con mayor número de habitantes y la segunda de España en superficie. En concreto, se pusieron 162.961 sanciones a andaluces de julio de 2015 a diciembre de 2017.

En Canarias, por otro lado, en el mismo periodo de tiempo el Gobierno ha recaudado 22.650.340 euros, fruto de 49.571 multas.

Las poblaciones más pequeñas tampoco se libran de las sanciones. Por ejemplo, en la provincia de Badajoz durante 2017 se pusieron 2.956 multas por este motivo, lo que significa un 80% más que el año anterior. O lo que es lo mismo, se recaudaron más de dos millones (en 2016 fueron solo 400.000).

A la hora de desgranar los datos (que son públicos y pueden ser consultados en la web del el Ministerio del Interior de España) hay que tener en cuenta que en las regiones que tienen competencia en esta materia (Cataluña, Navarra y País Vasco), el Ministerio solo posee datos de los expedientes tramitados por la Administración Central del Estado.

Las cifras reflejan que en España cada mes se ingresan una media de 11,3 millones.

Un dinero que llega al Gobierno central (actualmente del PSOE) a través de una ley que, según alegaba en su momento el PP, se hizo para proteger a la población cuando apenas un 2% de la misma expresaba su preocupación por la inseguridad ciudadana.