Al igual que el mapa sanitario regional divide el territorio de la Comunidad Autónoma en áreas de salud y zonas básicas para organizar los recursos y la atención a los pacientes, las políticas sociales también contarán con una distribución propia que permitirá mejorar la prestación de servicios. Esta es una de las principales novedades que introduce el anteproyecto de Ley de Servicios Sociales en el que está trabajando la Consejería de Familia e Igualdad de Oportunidades de la Región de Murcia.

Estas áreas y zonas básicas de servicios sociales se determinarán mediante la división territorial de un municipio o las zonas o partes del mismo, así como la agrupación de varias localidades que compartan características similares. Precisamente en este mapa es el que están trabajando los técnicos de la Consejería, quienes tienen claro que cada una de estas zonas deberá tener, al menos, una población de 10.000 habitantes. Desde Familia e Igualdad de Oportunidades señalan que con carácter excepcional se podrán constituir zonas básicas de servicios sociales con una población inferior a 10.000 personas cuando las necesidades lo requieran o cuando haya un número de profesionales mínimo de cinco adscrito a la zona.

La propia consejera mantuvo ayer un encuentro con los miembros del Consejo Regional de Servicios Sociales, a quienes presentó el documento con el objetivo de que los distintos colectivos implicados puedan hacer sus aportaciones. Esta ha sido la última reunión de la semana, a la que han precedido otras similares con os representantes del Foro Regional de Inmigración, el Consejo Sectorial de Personas Mayores, al Consejo Sectorial de Minorías Étnicas y el Consejo Sectorial de Infancia y Familia.

El Consejo de Gobierno aprobó este anteproyecto de Ley de Servicios Sociales en su reunión del pasado 11 de julio al considerar que esta nueva norma es necesaria para ajustarse a la realidad social actual. La aprobación de distintas normativas (como la Ley de Dependencia o la Ley de Renta Básica), los cambios sociales y nuevas necesidades consecuencia de fenómenos migratorios, el envejecimiento de la población y las necesidades de apoyo a las familias, así como la exigencia de mejorar los servicios sociales han empujado al Ejecutivo a tomar esta decisión para elaborar una nueva ley que sustituya la de 2003.

Otra de las novedades es el reconocimiento del derecho subjetivo a las llamadas prestaciones garantizadas. La consecuencia de este reconocimiento es que las personas titulares podrán reclamar por vía administrativa y jurisdiccional el cumplimiento del derecho a las prestaciones y servicios que reconoce la ley. La norma recoge los principios de universalidad en el acceso e igualdad, de atención personalizada (según las necesidades específicas de los destinatarios del sistema) e integral, así como de continuidad y equidad. Para dar cumplimiento a los principios se regulan nuevos instrumentos como serán la Historia Social Única, el programa individual de atención social, el profesional de referencia y la tarjeta de información social.

Violante Tomás asegura que «cuando se apruebe vamos a avanzar en la construcción de un sistema de servicios sociales de responsabilidad pública, moderno, avanzado y garantista, orientado al bienestar de los ciudadanos, superándose el modelo de carácter asistencial. También se gana en transparencia y concreción, se define el catálogo de prestaciones y servicios como el instrumento fundamental que permite a los usuarios conocer a los que pueden acceder y los requisitos».