El Grupo Parlamentario Popular y el de Ciudadanos han firmado este viernes el acuerdo para la tramitación de la propuesta de Ley de Aceleración Empresarial, en presencia del presidente de la Confederación Regional de Organizaciones Empresariales (CROEM), José María Albarracín, quien ha afirmado que «que supondrá un impulso adicional al tejido empresarial», y «sacar del limbo jurídico» a unas 20.000 empresas.

Una ley que esperan se apruebe en el mismo mes de septiembre, una vez se reanude la actividad en la Asamblea Regional, y lo permita el trámite parlamentario y que, a juicio del diputado 'popular' Domingo Segado, «permitirá la creación de empleo estable y de calidad en la Región de Murcia».

Se trata de un procedimiento especial que ofrecerá a empresarios y Ayuntamientos una posibilidad legalmente regulada, para sacar de la «alegalidad» a unas 20.000 empresas, «que generen riqueza y empleo para la Región de Murcia», que se encuentran en esta situación, por incurrir en defectos urbanísticos subsanables en la mayoría de los casos, y que no se han podido corregir por la falta de actualización de los Planes Generales de Ordenación Urbana y la demora en la renovación de las directrices y Plan de Ordenación Territorial de Suelo Industrial de la Región, ha explicado Albarracín.

De tal forma, que la regularización de actividades de gran parte de las empresas que no disponga de licencia de actividad, por razón de disconformidad con la planificación urbanística, será posible gracias a la técnica de usos provisionales, que ya regula la Ley 13/2015 de ordenación del territorio y urbanística, pero habilitando un procedimiento especial que permitirá que el Ayuntamiento les pueda otorgar una licencia definitiva, una vez subsanadas las discrepancias con el planeamiento urbanístico.

Las empresas presentaran toda aquella documentación que le sea de aplicación según la legislación vigente, con el objeto de obtener una resolución municipal de compatibilidad urbanística, que será la llave para poder iniciar los trámites de la licencia de actividad provisional. Esta licencia se otorgará por el Ayuntamiento, siempre cumpliendo con lo estipulado en las legislaciones sectoriales que le aplique, incluida la medioambiental.

Además, entre las actuaciones se encuentran el impulso y la modernización del motor económico del turismo, con la declaración de proyectos de interés turístico, la constitución de hoteles en propiedad horizontal e incentivos de edificabilidad para renovación hotelera del 20, 30 y 40 por ciento para hoteles de 3, 4 y 5 estrellas, respectivamente, a fin de «obtener una oferta hotelera de calidad similar a nuestros competidores», ha señalado el presidente de la CROEM.

También, actuaciones sobre polígonos industriales, con el objetivo de atraer potenciales inversores, que tendrán más información sobre donde ubicar sus proyectos. Además, se incentivará la competencia entre polígonos industriales y se evitará el deterioro y abandono de los mismo.

Para ello, la creación voluntaria de una Entidad Urbanística de Conservación con la denominación de Comunidad de Gestión del Área Industrial, para la mejora de la gestión y modernización de las áreas industriales de la Región de Murcia; y la Categorización de los polígonos industriales en «elemental», «avanzado» y «superior» en función de la dotación de infraestructuras y servicios que ofrecen, y que marcarán, el precio del suelo industrial. Según detalló Albarracín, esta clasificación servirá para atraer inversión industrial e incrementar la competitividad de las empresas y el desarrollo económico de la Región. Actualmente la Región dispone de 73 polígonos industriales, pero sólo cuatro obtendrían la clasificación superior.

Otras actuaciones, la agilización de la implantación de huertos solares en suelo no urbanizables, la reducción generalizada de plazos en el suministro de energía eléctrica a las empresas; y la simplificación medioambiental con la agilización de títulos habilitantes, el desarrollo de una plataforma telemática, o órganos sustantivos autonómicos para la evaluación ambiental de proyectos.

Además de la reducción de plazos de las autorizaciones ambientales autonómicas. Concretamente, la reducción de plazos para la obtención de la Autorización Ambiental Integrada y las Autorizaciones Ambientales Sectoriales. En la primera, se pasa de 10 a 9 y en las segundas, de 6 a 3 meses.