El Consejo de Gobierno aprobó ayer el decreto por el que se regulan los más de 2.500 apartamentos turísticos de la Región, que suman cerca de 11.000 plazas, estableciendo los requisitos que deben cumplir tanto los establecimientos como las empresas y el procedimiento para su clasificación turística. Una de las novedades que incorpora la nueva regulación es la posibilidad de que el propietario se dé de alta mediante una declaración responsable. También aumentan de cuatro a cinco las categorías de los establecimientos, que están representadas por llaves, equiparándolas con las estrellas de los hoteles.
El decreto que regula los apartamentos turísticos es independiente de la normativa a la que están sujetas las viviendas vacacionales, una modalidad de alojamiento de reciente aparición, en la que no intervienen directamente los propietarios, sino las plataformas y portales digitales a través de los cuales se contrata el arrendamiento.
De hecho, las empresas dedicadas al alquiler apartamentos turísticos deben tener un director y una relación detallada de los servicios y suministros que deben estar incluidos en el precio.
El decreto prohíbe de forma expresa en su artículo 7 «comercializar o incluir en catálogos apartamentos turísticos que no estén clasificados al no haber presentado la declaración responsable». La Consejería recuerda que «la Ley 12/2013 de Turismo de la Región de Murcia tipifica esta acción como falta grave y la sanciona con multas de 1.001 a 10.000 euros».
Según informaron fuentes de Turismo, «el nuevo decreto ha pretendido mantener las directrices establecidas en el anterior, que data de 2005, con el propósito de establecer «una norma más cercana a la realidad, tanto en cuanto a las características de los inmuebles ofertados como de los servicios a recibir por los turistas usuarios».
Por otra parte, ha optado por establecer cinco categorías de apartamentos turísticos, en lugar de los cuatro actuales, «con el fin de lograr su equiparación con los hoteles y casas rurales».
La clasificación se hará por medio de la presentación por el titular de la explotación de una declaración responsable, con una comprobación posterior de la Inspección de Turismo, que verificará «el cumplimiento de lo declarado».
Además, «se hace una mención expresa al cumplimiento de otras normativas y a la obtención de licencias o autorizaciones que deban conceder otros organismos en virtud de sus respectivas competencias, especialmente la licencia de actividad a emitir por los ayuntamientos».
En la Región hay 99 empresas dedicadas al alquiler de este tipo de alojamientos, que gestionan 2.534 apartamentos, con 10.817 plazas . Además, están pendientes de clasificación cinco expedientes con 14 apartamentos más.
Entre las novedades del decreto figura también la cuantía del seguro de responsabilidad civil que «el prestador del servicio de alojamiento en apartamentos turísticos debe tener contratado durante todo el tiempo que dure la explotación. La cobertura mínima será de 500.000 euros y debe de cubrir toda clase de siniestros: daños corporales, materiales y los posible perjuicios económicos causados al turista por una deficiente prestación del servicio».
La Consejería considera que trece años después del anterior decreto era preferible optar por «una norma que da más importancia a los servicios que se ofrecen al turista en este tipo de alojamiento que a los requisitos propiamente arquitectónicos. Se trata de facilitar la existencia de apartamentos turísticos con el fin de fomentar esta actividad, facilitando al máximo al promotor la clasificación turística de éstos».
