Lograr la igualdad de oportunidades y la inclusión en todas las facetas de la vida de las personas con discapacidad de la Región de Murcia son los dos objetivos fundamentales del anteproyecto de ley que la consejera de Familia e Igualdad de Oportunidades, Violante Tomás, presentará hoy al Consejo de Gobierno. El nuevo texto, que obtendrá hoy el visto bueno del Gobierno regional, ha sido pactado previamente con el Comité de Representantes de Personas con Discapacidad de la Región de Murcia, CERMI.

Cabe destacar que la norma está compuesta por 77 artículos agrupados en siete títulos, además de seis disposiciones: una transitoria y cinco finales.

En total, la futura ley contemplará medidas en los ámbitos de la salud, los servicios sociales, la educación, el empleo, la cultura, el deporte, el medio ambiente, el urbanismo, la vivienda, el transporte, la accesibilidad universal, la sostenibilidad económica y la participación en la vida pública.

Además, la normativa pondrá en marcha servicios de capacitación sociolaboral, tratará la acción globalmente en materia de consumo y buscará la accesibilidad de la cultura y el ocio, la protección económica a través de medidas fiscales, la contratación pública, la sensibilización e información desde el Ente Público de Radiotelevisión de la Región de Murcia, la accesibilidad global, el acceso a la vivienda de protección pública y la participación de los colectivos sociales en el análisis, evaluación, diagnóstico y proceso de toma de decisiones.

Este carácter transversal supondrá la puesta en marcha de protocolos para coordinar todas las políticas públicas de la Administración regional en materia de salud, educación, protección social y empleo.

De este modo, las respuestas serán «más eficaces y cercanas a las necesidades de los ciudadanos con discapacidad», según aseguraron ayer fuentes de la Consejería de Igualdad de Oportunidades. Entre las medidas más innovadoras se encuentra la protección de la mujer con discapacidad, por la concurrencia de una doble discriminación, y las de atención inclusiva, tanto en el ámbito sanitario, como en los ámbitos educativo, social, laboral y cultural. También la ampliación del concepto de 'perro de asistencia' y de su reconocimiento, dando a los centros de adiestramiento un papel principal.

Sanciones a las infracciones

Esta ley, que tendrá que ser posteriormente enmendada y aprobada por los grupos parlamentarios de la Asamblea Regional, establecerá un sistema de arbitraje y un régimen de infracciones y sanciones para las conductas que no cumplan con el principio de igualdad de oportunidades e inclusión de los discapacitados.

Esta ley regional, destacan desde la Comunidad, da respuesta a las históricas reivindicaciones de las asociaciones de personas con discapacidad de la Región, que siempre han reclamado una nueva normativa que garantice la no discriminación y la igualdad de oportunidades.