«Tenemos un problema muy serio a la hora de perseguir los delitos de conducción solamente bajo los efectos de las drogas. No del alcohol: de las drogas». Así se expresaba ayer el fiscal superior de la Región, José Luis Díaz Manzanera, en el transcurso de la presentación a los medios de la Memoria de la Fiscalía Superior correspondiente al año 2017.

En concreto, el problema está, explicó Díaz Manzanera, a la hora de llevar al juzgado a estos conductores drogados cazados por la Benemérita al volante. Y es que, de 1.285 personas que dieron positivo en la prueba de droga que se les hizo in situ, únicamente cuatro acabaron con un atestado por la vía penal. Y acabaron porque provocaron accidentes con resultado de muerte o de lesiones de consideración.

La Guardia Civil de Tráfico ha cazado en lo que va de año a 24 conductores de camiones que circulaban drogados por la carreteras de la Región. Los pillan en ocasiones en controles rutinarios previamente establecidos. Otras veces, los agentes se percatan de la conducta extraña de algún vehículo. Otras tantas, son el resto de conductores los que dan la voz de alarma, la mayoría de las ocasiones llamando al teléfono de emergencias 112.

El proceso que se suele seguir, una vez que la Benemérita caza al conductor temerario, es el del juicio rápido, que suele tener lugar no más de dos días después de producirse el arresto. En la mayoría de los casos, según fuentes jurídicas consultadas, estos conductores salen libres, con una multa y la retirada del carné.

El Ministerio Público considera que hay una «situación de impunidad», dado que la mayor parte de los casos, subraya Manzanera, «no llegan a la Fiscalía». «Las drogas son muchas: la cocaína tiene lo suyo, la heroína tiene lo suyo, el cannabis tiene lo suyo...», dice.

Ante esta situación, «la Fiscalía quiere dar un paso adelante», anuncia el jefe del Ministerio Público en la Región, que ha trabajado en la iniciativa con el fiscal de Seguridad Vial, Pablo Lanzarote.

En este sentido, Díaz Manzanera apuesta por «una reforma del Código Penal» (que ha de pasar por el fiscal general del Estado y el Ministerio de Justicia, indicó) que permita «penalizar o criminalizar» esas conductas: las de los conductores drogados.

El fiscal superior de la Región recuerda que ya se castiga el hecho de conducir sin carné, porque se presupone que hacerlo pone en riesgo la seguridad de las personas. En la misma línea, apuesta por «introducir un párrafo» en la ley que destaque que sea delito cuando se acredite que alguien va drogado al volante, puesto que implica «un peligro».

Díaz Manzanera se reunirá en septiembre con responsables de la Guardia Civil de Tráfico y de las Policías Locales de los distintos municipios, con el fin de abordar esta iniciativa. Así, la Región podría ser pionera en España a la hora de castigar a estos chóferes drogados e imprudentes. Urge, por tanto, fijar los criterios de remisión a la vía penal de las conducciones de vehículo a motor tras haber tomado drogas.

En el borrador que el fiscal Lanzarote y el propio Manzanera presentarán en septiembre «se concretarán qué supuestos se entiende que hay signos externos: al margen de éstos, que el conductor tenga resultado positivo en el test de saliva y sea responsable de un accidente cualquiera que sea su alcance o que tenga una conducción manifiestamente irregular acompañada de infracciones graves o muy graves a la Ley de Tráfico y Seguridad Vial», detallan desde el Ministerio Público.

Díaz Manzanera también habló de una de sus investigaciones estrella: el Mar Menor («dicen que está un poco más clarico», comentó) y recordó que la primera toma de declaraciones de responsables de la Confederación Hidrográfica del Segura (CHS) ya se llevó a cabo, aunque falta hablar con más personas. Asimismo, anunció la incorporación «inminente» de un nuevo juez que tendrá dedicación exclusiva en este asunto.

«Nos quejamos de que la Justicia es lenta, pero es porque faltan medios», subraya el fiscal superior de Murcia. En este sentido, recuerda que la de la Región es la cuarta Fiscalía de España en carga de trabajo y la primera de todo el país en ratio fiscal-población (24.09 habitantes por fiscal). Faltan al menos 15 fiscales («yo diría 20», apostilla Manzanera) en la comunidad.

Conseguir más fiscales (así como más funcionarios) «es mi batalla fundamental», asevera Díaz Manzanera, que también considera urgente que comiencen ya las obras del Palacio de Justicia de Lorca, y que se dote de un terreno para levantar la Ciudad de la Justicia de Cartagena. Dos reivindicaciones que los abogados de estas ciudades reiteran siempre.