12 de julio de 2018
12.07.2018
Medio ambiente

Greenpeace 'toma' una finca de Cartagena y exige que se proteja el Mar Menor

Los activistas reclaman la aplicación inmediata de las medidas agrarias que exige la ley autonómica de sostenibilidad ambiental

12.07.2018 | 14:52
Greenpeace 'toma' una finca de Cartagena y exige que se proteja el Mar Menor
Activistas de Greenpeace, en la finca de Cartagena.

Critican que han pasado cinco meses desde la entrada en vigor de esta ley y que la administración no tiene intención de llevarla a efecto. Por su parte, el Gobierno regional recuerda que la norma tiene un plazo de moratoria de un año.

Activistas de Greenpeace desplegaron hoy una pancarta en una finca del campo de Cartagena para reclamar al Gobierno regional la aplicación inmediata de las medidas agrarias que exige la ley autonómica de sostenibilidad ambiental y que garantizarían la sostenibilidad ambiental en el entorno del Mar Menor, que actualmente se encuentra en un estado de contaminación grave debido a la intensificación del regadío y la mala gestión del agua.

Las pancartas, en las que se podía leer 'Salvemos el Mar Menor' y '¡Cumplimiento de medidas urgentes ya!', denuncian que la ausencia de implementación de esta norma provoca que se sigan vertiendo nitratos y otros productos tóxicos a la laguna costera, que ya ha sufrido un colapso ambiental.

La Asamblea Regional aprobó esta ley el pasado mes de febrero y hasta la fecha no se ha dado ningún paso para su aplicación.

La ley establece una clasificación por zonas en función de la urgencia de la gestión. La explotación agraria en la que se ha desplegado la pancarta se encuentra dentro de la denominada zona 1, que, según la normativa, dispone de un plazo de un año para implementar las medidas urgentes que reclama la organización ecologista.

Sin embargo, el Gobierno murciano no está dando ningún paso para asesorar y controlar la puesta en funcionamiento de esta serie de medidas exigidas a los agricultores. En este caso, ni siquiera se ha cambiado la orientación de los cultivos, que favorece que las aguas de escorrentía, cargadas de abonos químicos, lleguen al Mar Menor sin retención alguna.

"Transcurridos ya cinco meses desde la entrada en vigor de esta ley, la administración viene dando claras muestras de su negativa a llevarla a efecto, como ya ocurriera con su propio Decreto de Medidas Urgentes de abril de 2017, que nunca se puso en práctica y solo fue notificado a las organizaciones agrarias ocho meses después de su entrada en vigor", ha señalado el portavoz de Greenpeace, Joaquín López.

Esta actitud por parte de las autoridades responsables no solo ahonda en el deterioro ambiental del Mar Menor, sino que además supone un perjuicio para los propios empresarios de la industria agroalimentaria, cuya imagen en los mercados europeos se está deteriorando gravemente como consecuencia de las malas y descontroladas prácticas que tan graves consecuencias están teniendo para este ecosistema único.

Tampoco hay constancia sobre qué medidas se adoptarán para el control de los nitratos ni de si se están suprimiendo los regadíos ilegales, circunstancia especialmente grave en una región en la que la reclamación de trasvases es continua y en la que, a menudo, hay que recurrir a la explotación de pozos ilegales y la desalación particular mediante desalobradoras que no cuentan con autorización.

Desde la Comunidad Autónoma han recordado que la norma tiene un plazo de moratoria de un año.

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