El pleno de la Asamblea Regional ha aprobado por unanimidad una iniciativa de Ciudadanos para ayudar de forma inmediata, y con medidas concretas, a los damnificados por el cierre de las clínicas Idental, con el fin de que puedan ejercer la defensa de sus derechos en materia de consumo y sanidad.

Miguel López-Morell, diputado regional de Ciudadanos, ha mostrado su satisfacción "porque establecemos una serie de medidas importantes para ayudar a los afectados, incidiendo especialmente en las personas que tengan una situación sanitaria más grave. Además la propuesta aprobada incluye medidas efectivas de cara al futuro, como reducir la publicidad engañosa, e incluso mejorar las condiciones del ámbito sanitario, laboral y de consumo en este tipo de instalaciones".

López-Morell ha incidido en la necesidad de tomar decisiones de forma urgente "porque el cierre de la clínica de Cobatillas ha dejado desamparadas a cientos de personas que habían invertido parte de sus ahorros y que han sido estafadas, incluyendo familias que tienen pocos recursos".

"Desde Ciudadanos consideramos que la Comunidad Autónoma, como administración responsable de garantizar los derechos de los consumidores y usuarios, ha podido incurrir en una grave dejación de funciones y su irresponsabilidad ha derivado en que se ha producido perjuicios para numerosas personas, así que esperamos que tras la aprobación de esta iniciativa se puedan agilizar los trámites", ha indicado el diputado de Cs.

La propuesta aprobada contempla que se entablen conversaciones con las plataformas y asociaciones de afectados, a fin de trasladarles la información precisa para que los afectados puedan ejercer la defensa de sus derechos en materia de consumo y sanidad ante los organismos correspondientes de la Comunidad Autónoma.

Asimismo, Cs también ha solicitado la constitución de una mesa de expertos independientes, a fin de informar sobre las respuestas legales dirigidas a resarcir a los afectados de los daños ocasionados como consecuencia del funcionamiento normal o anormal de la administración pública, y que se proceda al estudio de la posibilidad de hacerse cargo de las necesidades de peritaje que necesiten los afectados.