La fórmula que utilizaban para maximizar su beneficio los responsables de la cadena de clínicas iDental, que cerró sus centros en toda España a mediados del mes de junio dejando a más de 100.000 personas con sus tratamientos sin terminar (2.000 de ellas en la Región), se basaba básicamente en comprar los implantes en el extranjero a bajo precio, condiciones de trabajo precarias para sus odontólogos, a quienes les llegaban a pagar parte del salario en formación con un máster sin repaldo científico que ellos mismos ofertaban, y sorteando las lagunas de la legislación española.
Así lo denunció ayer el presidente del Colegio de Odontólogos de la Región y presidente del Consejo General de Dentistas, Óscar Castro, quien aseguró que estas clínicas llegaron a multiplicar por 30 su beneficio sobre los costes que para ellos tenían los tratamientos. Concretamente, Castro afirmó que iDental hizo uso de «sociedades superpuestas para comprar implantes en Brasil a costes bajísimos, logrando un gran beneficio». Concretamente, cada uno de estos implantes les costaban unos 13 dólares (11 euros), siendo el coste completo del tratamiento para la clínica de unos 100 euros (implante más el trabajo del profesional), muy lejos de los 3.000 euros que luego cobraban a los pacientes.
Castro compareció ayer ante los medios junto al director general de Consumo de la Comunidad Autónoma, Francisco Abril, y el presidente de la Asociación Nacional de Afectados de iDental (Adafi), Francisco Javier Camacho, quienes analizaron la situación de los afectados, que calculan que superan los 2.000 en la Región, aunque de momento sólo 300 han puesto denuncia ante la Guardia Civil.
El presidente de los dentistas murcianos asegura que el caso de iDental no es nuevo, ya que desde el Colegio y el Consejo General vienen alertando desde hace años de los «engaños» de estas grandes cadenas que pese a suponer sólo el 5 por ciento de las clínicas que funcionan en nuestro país acumulan más del 50 por ciento de las reclamaciones. En este caso también ha anunciado que el pasado lunes entró en el juzgado la demanda del Colegio por presuntos delitos de estafa, apropiación indebida y falsedad documental, entre otros.
3 casos de hepatitis
3 casos de hepatitisEl presidente de la Asociación Nacional de Afectados ha confirmado que se están investigando dos casos de pacientes afectados por hepatitis en la Comunidad Valenciana y un tercero en Aragón, casos que podrían estar relacionados con las denuncias por la falta de esterilización del material con el que se trabajaba en estas clínicas. Asímismo, Camacho ha confirmado que no hay ningún caso de VIH y recomienda a los pacientes de estas clínicas que se sometan a las pruebas para descartarlo.
«Ha sido una estafa a gran escala aprovechándose de personas sin recursos», asegura el presidente de Adafi. Al tiempo que recuerda que los afectados necesitan los historiales clínicos para poder emprender acciones legales, documentos que no se les están facilitando. Ante esta situación, el responsable de Consumo de la Comunidad explicó que desde la Consejería de Salud se ha solicitado al juzgado que se les haga entrega de los historiales y que están a la espera de que se les responda.
