La Agencia Española de Consumo, Seguridad Alimentaria y Nutrición (Aecosan), perteneciente al Ministerio de Sanidad, Consumo y Bienestar Social, enviará a la Fiscalía General del Estado (FGE) toda la documentación remitida por las comunidades autónomas sobre los pacientes afectados por el cierre de las clínicas de iDental para que investigue si existe ilícito penal. Así lo ha acordado la Comisión de Cooperación de Consumo convocada por el Ministerio. La reunión tenía como finalidad analizar las medidas adoptadas por las autoridades y, así, «adoptar una estrategia coordinada» en torno a tres puntos. El primero de ellos, el envío a la Fiscalía de los documentos que las propias comunidades han recabado. En segunda instancia, continuar informando y asesorando a los pacientes. Y, por último, recordar a las entidades financieras que dejen de seguir cobrando los créditos.
