Las víctimas de ETA en la Región ni olvidan ni perdonan

Este mismo año, ETA anunció el fin definitivo de sus estructuras y su actividad. Cuatro componentes de Amuvite (Micol García, Luis Beñago, Ramón Navarro y Antonio Ortega) charlaron con LA OPINIÓN sobre cómo se encuentran ahora. Creen que la organización no necesita ya «extorsionar» a empresarios porque, siempre según su punto de vista, ahora está «en las instituciones», en referencia a la formación política del todo legal Bildu.

«Una víctima lo que menos necesita es que se la olvide. Necesita apoyo psicológico, y económico. Que hay viudas que todavía no han cobrado su pensión», subrayan desde la asociación. Viudas (16 de ellas en la Región) que «no quieren hablar, no lo pasan bien y se sienten utilizadas», indican.

El paso previo para acceder a la libertad condicional es el tercer grado penitenciario que, en la mayoría de casos, permite salir todos los días de prisión con la única condición de volver al centro para dormir. Las víctimas apostillan que «el muerto está enterrado y no tiene opción de acercarse a ningún sitio».

«Son concesiones que están haciendo también con los catalanes», destacan en Amuvite.

Luis Beñago es policía nacional ya jubilado. Valenciano de cuna, murciano de adopción y presidente de Amuvite. Lamenta «la forma de informar a las víctimas del terrorismo que tiene el Gobierno de España», el cual, en su opinión, «aplica la ley penitenciaria a su antojo».

El artículo 31 del Reglamento Penitenciario señala que Prisiones tiene «competencia exclusiva para decidir, con carácter ordinario o extraordinario, la clasificación y destino de los reclusos».

La única competencia exclusiva del Gobierno al margen de la intervención de jueces y fiscales es decidir el centro penitenciario en el que los presos deben cumplir su pena. Así, Interior tiene competencias exclusivas para decidir sobre acercamientos.

El Gobierno de Pedro Sánchez iniciará el acercamiento de los reclusos de ETA con los enfermos y mayores de 70 años. A este respecto, Beñago comenta que «por humanidad, habría que soltar al 30% de los presos de España».

«El señor Zaplana tiene leucemia, está en la cárcel y no lo dejan salir», señala, como ejemplo.

«Lo que no puedes decir es ´pido perdón´. La falsedad, para ellos y para sus familias», hace hincapié Luis Beñago. Asegura que «cada vez que pasa algo de esto (como el anuncio del Gobierno de acercar a los presos ancianos a Euskadi), nuestra psicóloga va desbordada».

También denuncia que a las víctimas «no se nos ha preguntado» sobre el acercamiento al País Vasco de estos internos. Lo que teme Amuvite es que primero se lleve a prisiones vascas a los reos y, a continuación, el Ejecutivo vasco «asuma las competencias y les dé el tercer grado».

Opina que ahora miembros de ETA «tienen acceso a los datos de todos los españoles», según él, por el partido político Bildu.

En la madrugada del 23 de junio de 1983 ETA estuvo a punto de perpetrar lo que hubiera sido el atentado terrorista más letal cometido nunca en Europa. Colocó 25 kilos de goma-2 en el tejado del Hospital Militar de San Sebastián. Dentro dormían 450 policías, y la explosión podía haber derribado el edificio con todos ellos dentro. Pero la carga «se mojó y no explotó», recuerda Beñago.

Otro horror. Ocurría en 1989. Un artefacto compuesto por 150 kilos de amonal y trilita destruyó parcialmente, poco después de las cuatro de la madrugada del 26 de junio, la casa cuartel de la Guardia Civil en la localidad alavesa de Llodio. En el edificio dormían 33 personas. Todas salvaron la vida. Una de estas personas era Antonio Ortega.

De aquello recuerda «muchos nervios. Era una casa cuartel, había familias, niños, de todo». «Yo tenía 20 años y venía de Bilbao. Tuve la tarde libre, llegué al cuartel, dejé el coche aparcado... y lo único que recuerdo luego es despertarme y los tiros, un caos», rememora. «Tengo en la cabeza un corte y las piernas las llevo llenas de metralla», destaca al respecto.

Este integrante de Amuvite va más allá y considera que «el que a hierro mata, a hierro muere. Opino que, el que mata, no tiene derecho a la vida». Preguntado por si está a favor de la pena de muerte, indica que «soy partidario, si tú me la has aplicado a mí». «Si tú matas gratuitamente, tú no tienes derecho a la vida, tú no eres un ser humano», dice Ortega, que deja claro que este es su punto de vista personal, no una opinión expresada por el colectivo de víctimas al que pertenece.

El cabo de la Policía Nacional Ramón Ezequiel Martínez (natural de Ceutí, de 33 años, casado y padre de dos niños) falleció el 25 de marzo de 1983 en San Sebastián. Viajaba con otros agentes en una furgoneta de la Policía tras haber finalizado su servicio de vigilancia en la prisión de Martutene. Y fueron objetos de una emboscada, relatan los supervivientes. Les dispararon desde ambos lados de la carretera con fusiles y armas automáticas. Los agentes también dispararon sus armas. Los etarras se escaparon. El cabo salió de allí herido de gravedad y murió en la mesa de operaciones. Había otros dos murcianos con él en aquella furgoneta: José Micol y Ramón Navarro. «Subíamos a San Sebastián para hacer labores de seguridad ciudadana», recuerda Micol García, que asegura que «antes, a los presos de ETA que dejaban en libertad, les daban un cargo en el Ayuntamiento».

«El primer tiro se lo dieron al que iba sentado detrás de mí», rememora sobre el atentado de 1983, donde perdió la vida el cabo Martínez. «El asfalto es una lija», apunta Navarro, en referencia a las heridas que sufrió al caer a la carretera. Este policía nacional ha vivido de cerca tres atentados terroristas. Ha sobrevivido a los tres. En uno «nos dispararon con un lanzagranadas». En otro, en el 79, «mataron a dos cabos y un sargento». «El que menos, llevaba nueve tiros». «En fin, ya ha pasado...», suspira.