05 de julio de 2018
05.07.2018
Función Pública

Los funcionarios reclaman la jornada de 35 horas tras la publicación de los Presupuestos

UGT pide a la Comunidad que convoque la Mesa General para negociar las mejoras firmadas por Montoro y amenaza con movilizaciones

05.07.2018 | 13:08
La ministra de Función Pública preside la toma de posesión de sus altos cargos.

La ministra de Función Pública quiere retomar las conversaciones sobre la eliminación de las penalizaciones a las bajas laborales a partir del día 16.

La entrada en vigor de los Presupuestos Generales del Estado, que ayer publicaba el BOE, también abre la puerta a los funcionarios para reclamar el restablecimiento de la jornada de 35 horas semanales, que se amplió a 37,5 con los recortes de 2012. La aplicación de las cuentas de 2018 permitirá a los 94.000 empleados públicos de la Región cobrar su sueldo íntegro cuando se pongan enfermos, al desaparecer también las penalizaciones en las bajas que se aplican durante los primeros 21 días de incapacidad laboral. Los sindicatos empezaron a reclamar ayer mismo la aplicación de los acuerdos firmados por el exministro de Hacienda Cristóbal Montoro el pasado mes de marzo, entre los cuales figura también la subida salarial del 1,75% para este año, que los funcionarios verán reflejada en su nómina este mismo mes.

La Federación de Servicios Públicos de UGT (FeSP-UGT) ya ha reclamado a la Administración Regional «la convocatoria inmediata de la Mesa General de Negociación para aplicar lo establecido en los Presupuestos Generales del Estado y en el II Acuerdo Administración-Sindicatos, entre los que se incluye la recuperación de las 35 horas semanales». Su secretario general, Antonio Martínez Peñaranda, explicó que la organización está dispuesta a convocar movilizaciones para exigir la aplicación de los acuerdos suscritos por Montoro sobre la jornada de 35 horas si la Comunidad da largas a su petición y no convoca la Mesa General.

Martínez Peñaranda acusa a la Administración regional de aprovechar los recortes impuestos por el Gobierno central en 2012, entre los cuales figuraba la prolongación de la jornada laboral, para reducir su plantilla. El dirigente de UGT recordó que la Comunidad prescindió entonces de la mayor parte de los interinos y del personal laboral. Gran parte de las bajas en las plantillas públicas estuvieron motivadas por la desaparición de las empresas y organismos públicos.

Precisó que en la Administración local se mantuvieron los horarios de trabajo anteriores a 2012 al establecerse el acuerdo de dedicar a formación las dos horas y media que se añadieron a la jornada laboral.

UGT también reclamará que la Comunidad vuelva a completar la totalidad del salario a los empleados públicos que están de baja laboral. Como la Seguridad Social paga solo una parte del sueldo durante las ausencias por incapacidad laboral transitoria, los funcionarios dejaron de cobrar su sueldo íntegro cuando el Ministerio de Hacienda impidió a las administraciones públicas seguir aportando el complemento que ahora volverá a recuperarse.

En la Región se beneficiarían de la recuperación de la jornada de 35 horas cerca de 95.000 empleados públicos, de acuerdo con la última cifra de asalariados del sector público que recoge la Encuesta de Población Activa del INE, aunque el secretario de la FSP sostiene que la cifra real es inferior. Solo en la Administración regional trabajan más de 50.000 funcionarios.

Por su parte, la ministra de Política Territorial y Función Pública, Meritxell Batet, anunció ayer que el próximo 16 de julio se reunirá con los representantes de las organizaciones sindicales, a las que espera hacerles ya entrega de un documento «consensuado». Batet, que ayer compareció ante la Comisión de Política Territorial y Función Pública del Congreso para exponer las líneas generales de su Departamento, adelantó que ya ha dado orden de convocar de inmediato a los representantes de los trabajadores para negociar el correspondiente acuerdo para esta reforma que ve «de justicia».

La medida fue introducida en 2012 junto con otros recortes en el sector público, como la eliminación de la paga extra de diciembre de aquel año, y supuso aplicar un descuento del 50 % del salario durante los tres primeros días de baja por enfermedad y del 25% entre el cuarto y el vigésimo día.

Batet indicó que una vez que el BOE ha publicado los Presupuestos Generales del Estado de 2018 es de «justicia» restablecer esta medida. Añadió que no ha querido «esperar un día más» para que el director general de la Función Pública convoque con carácter inmediato a los representantes de los trabajadores con el fin de iniciar las negociaciones.

La ministra también dijo que para su Departamento es prioritaria la convocatoria de la Oferta de Empleo Público y aseguró que se va a dar «un gran paso» para atraer talento y rejuvenecer las plantillas de las administraciones.

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