El proceso abierto por la comercialización de tres emisiones de preferentes de la CAM y deuda subordinada por un importe total de más de 1.600 millones tiene los días contados. Ayer, apenas media hora después de iniciado el juicio que por la venta de estos productos estaba señalado en la Audiencia Nacional, el tribunal de la sección Cuarta, presidido por la magistrada Ángela Murillo, suspendió la vista sine die. Fue después de que una de las acusaciones, la ejercida por el letrado murciano Diego de Ramón, se retirara por completo del caso y la otra, personada en nombre de la asociación de usuarios de banca Adicae, hiciera lo propio con la acusación particular y únicamente mantuviera la popular «porque la sociedad merece una explicación y un resarcimiento», según había argumentado momentos antes su presidente, Manuel Pardos, a las puertas de la Audiencia.

La retirada de los cargos, avanzada por este medio y que provocó momentos de tensión en el seno de Adicae, apuntaló la tesis de la Fiscalía Anticorrupción, que desde el principio ha venido solicitando el sobreseimiento de las actuaciones. Ayer, por boca de la fiscal Ana Cuenca, volvió a hacerlo instando la aplicación de la ´doctrina Botín´, una resolución del Tribunal Supremo que determina que si en una causa sólo existe la acusación popular, y no la de la Fiscalía u otras particulares de afectados, puede llegar a archivarse. Algo que con toda probabilidad ocurrirá en este caso. Una decisión que admite recurso ante el Supremo.

Para apartarse de un proceso que se inició hace siete años,y que en un principio abarcaba también a las cuotas participativas (un apartado cuyo archivo dictado por la magistrada Carmen Lamela acabó refrendando la Audiencia) ha sido determinante la inexistencia de perjudicados entre los cerca de 1.500 representados en este proceso por De Ramón y Adicae.

Un hecho admitido por las dos acusaciones (que han tenido dificultad hasta para encontrar testigos que declarasen sobre los supuestos perjuicios sufridos) e incluso por el propio Pardos que, aún así, insistió en la necesidad de un «reproche penal» para los dos únicos acusados: los dos últimos directores generales de la CAM, Roberto López Abad y María Dolores Amorós, para quienes se reclaman diez años de prisión y multa por los delitos de estafa, publicidad engañosa y maquinación para alterar el precio de las cosas.