La Brigada Judicial de la Policía Nacional en la Región se ha incautado de más de 52.000 boletos de lotería ilegales desde 2015, periodo en el que el Servicio de Juego de la Comunidad ha realizado 1.348 inspecciones a locales y salones de juego y apuestas, levantando 103 actas de infracción que conllevaron sanciones por un total de 327.000 euros.

Así lo aseguró ayer el consejero de Hacienda, Fernando de la Cierva, ante la Comisión de Asuntos Generales e Institucionales y de la UE de la Asamblea Regional, donde contestó a una interpelación de Ciudadanos en la que su portavoz, Miguel Sánchez, le ha pedido ser «más perseverantes» para erradicar el juego ilegal.

Fernando de la Cierva aseguró que la coordinación «intensificada» en 2016 tras las reuniones de su predecesor, Andrés Carrillo, y los responsables de la Delegación del Gobierno, están «dando sus frutos» mediante «una acción implacable» de ambas administraciones, si bien aclaró que «la erradicación es deseable pero no sé si es posible». El consejero de Hacienda detalló que Carrillo envió una carta en 2016 a los 45 alcaldes de la Región para solicitarles apoyo en la lucha contra el juego ilegal mediante la intervención de las policías locales.

Ante la misma comisión compareció posteriormente el consejero de Presidencia, Pedro Rivera, para abordar precisamente la reforma de la Ley de Coordinación de la Policía Local, aprobada en 1998, y cuyo texto reconoció que es «manifiestamente mejorable».

Rivera admitió que la ley está «desfasada», entre otras materias, en la actualización y unificación de los criterios de selección incluidos en las oposiciones a la Policía Local, que están creando diferencias en las convocatorias según el municipio.

El consejero de Presidencia explicó que el anteproyecto de reforma de la Ley de Coordinación de la Policía Local se encuentra en el Consejo Jurídico tras haber sido sometido a dictamen del Consejo Económico y Social y, una vez concluyan su tramitación ante estos órganos, se remitirá a la Asamblea Regional para su aprobación.

El nuevo texto, según Rivera, solucionará «no pocos problemas y no pocas dudas de interpretación que ha podido traer con el tiempo» la ley vigente, aludiendo a que la reforma contemplará la unificación de las edades y alturas sin distinción de género del aspirante.

En su interpelación, la diputada de Podemos María López advirtió de que «las disfunciones» en las convocatorias de oposiciones para la Policía Local de los distintos municipios pueden llegar a generar «agravios comparativos».

La diputada de Podemos puso como ejemplo que las bases del examen de Cartagena permitía concurrir a los jóvenes de entre 18 y 20 años, mientras que Murcia, Los Alcázares y Abarán no les habilitaban porque requieren del permiso de conducción A, cuya edad mínima de obtención es de 20 años.