La Agencia Regional de Clima y Medio Ambiente (Arca), que el Gobierno regional pretende convertir en una especie de 'Info del medio ambiente', agilizará la tramitación de los 600 proyectos empresariales que llevan años bloqueados en la Administración regional y permitirá a la Región captar nuevas inversiones, según explicó ayer el consejero de Empleo, Universidades, Empresa y Medio Ambiente, Javier Celdran. ARCA sumará 24 funcionarios más a la plantilla de la actual Dirección General de Medio Ambiente, que cuenta con 36 personas. La intención de la Consejería es que los técnicos de este organismo ayuden a las empresas a resolver las deficiencias que puedan entorpecer la aprobación de sus planes de inversión para ganar tiempo. Según sus previsiones, la puesta en marcha de las iniciativas que están atascadas en los cajones permitiría crear unos 15.000 puestos de trabajo en la Región.

El consejero dio a conocer ayer los planes del Ejecutivo tras la presentación de la proposición de ley del ARCA en la Asamblea Regional, junto al portavoz del Grupo Parlamentario del PP, Víctor Martínez, y la diputada Mónica Meroño. El portavoz popular recordó que la aprobación de esta iniciativa legislativa, prevista para finales de septiembre o principios de octubre necesita el apoyo de Ciudadanos, dado que su partido no tiene mayoría en el Parlamento autonómico.

Por su parte, Javier Celdrán considera que la acumulación de leyes ambientales nacionales y europeas «complica endiabladamente» la instalación de nuevas actividades empresariales, por lo que ve necesaria la transformación de la Dirección General de Medio Ambiente en «una agencia capaz de resolver con más agilidad y cercanía» los trámites precisos para su puesta en marcha.

A su juicio, si Murcia consigue cumplir este objetivo podrá convertirse en un foco de atracción de inversiones, lo que permitirá mantener el desarrollo económico y la posibilidad de que la Región sea «la comunidad autónoma con mayor crecimiento del empleo». Su propósito es «dar un aire fresco a la Administración».

La Agencia Regional de Clima y Medio Ambiente sumará 24 funcionarios más a los 36 que tenía hasta ahora la Dirección General de Medio Ambiente. Con su creación se espera reducir al mínimo los plazos de tramitación de los expedientes, que en este momento llegan a «retrasarse hasta tres años. Avanzamos hacia la modernización de la tramitación ambiental», afirmó Celdrán.

Añadió que ARCA «estará orientada y al servicio de la empresa y dispondrá de más recursos con el fin de que la Administración deje de ser un freno para la actividad empresarial».

Su intención es que los propios funcionarios colaboren con las empresas para ayudarles a sortear las dificultades técnicas y legales que impone la normativa y que se traducen en retrasos en muchos casos.

Celdrán apuntó que hay proyectos que llevan tres años bloqueados, que deben reducirse al mínimo posible. A su juicio, el proceso burocrático puede acortarse si los empresarios reciben un asesoramiento previo de los funcionarios, porque les evitaría dar pasos innecesarios y perder el tiempo con procedimientos que después deben ser reconducidos.

Entre sus objetivos figuran igualmente «los principales retos relacionados con el medio ambiente como la economía circular, el problema de la lucha contra el cambio climático, actuaciones de sensibilización, buenas prácticas y el impulso de la innovación ambiental en el ámbito de la actividad empresarial.

Por su parte, el portavoz del Grupo Popular dijo que el objetivo de la proposición de ley es «hacer más fácil la vida a los ciudadanos. Añadió que la iniciativa legislativa ayudará a agilizar la tramitación de «expedientes que se encuentran atascados en la Administración. Es indecente que los empresarios vean frustrados sus proyectos por una excesiva burocracia», dijo Víctor Martínez, recordando que la culminación de los proyectos empantanados en la Administración supondrá la creación de 15.000 empleos.

Víctor Martínez confía en el apoyo de Ciudadanos para poder aprobar la ley después del verano. «Esperamos que se mojen, porque esta norma se ha trabajado con toda la sociedad y con quienes sufren los impedimentos y problemas de la Administración».

Apuntó también que esta iniciativa se suma a otras actuaciones como la bajada de impuestos, la simplificación administrativa y la eliminación de burocracia, cuyo objetivo es facilitar la instalación de empresas.

Se refirió también al catálogo de leyes del PP aprobadas en la Asamblea Regional que hacen de la Región de Murcia una de las más sostenibles de España. Entre ellas enumeró la de Protección y Bienestar de los Animales de Compañía, Patrimonio Arbóreo, Garantías para la sostenibilidad del Mar Menor o la de creación del Colegio de Ambientólogos.

Los empresarios llevan años quejándose de la lentitud en la tramitación de los proyectos, que en muchos casos acaban por no ejecutarse o se trasladan a otras comunidades autónomas más ágiles . El presidente de la Croem, José María Albarracín, advirtió en la última asamblea de la patronal celebrada en junio de que los empresarios están dispuestos incluso a movilizarse si no se ponen en marcha las iniciativas anunciadas para desbloquear los proyectos empantanados. «No es posible que vuelvan a darse casos del pasado, con pérdidas millonarias e inversiones que viajan a regiones limítrofes por deseperación del empresario», dijo el máximo representante del empresariado de la Región.