Las declaraciones del exconsejero de Agricultura y Agua Antonio Cerdá y de los ex altos cargos que intervinieron en la gestión del desaparecido Ente Público del Agua no han servido para aclarar cómo llegó la Comunidad Autónoma a asumir los contratos que le impuso la empresa promotora de la desaladora de Escombreras, participada por ACS y por un grupo de inversores murcianos, que se denomina Hydro Management. Los máximos responsables del entramado de sociedades creado en 2006 por la Administración regional para alquilar la planta y repartir el agua producida en Escombreras a los 26 ayuntamientos que estaban dispuestos a comprarla no ha arrojado luz sobre las negociaciones iniciales con ACS y los accionistas locales, pero han puesto de manifiesto que las cuentas del Ente Público eran conocidas por la Consejería de Hacienda, cuya intervención exigía informes trimestrales y anuales, según ha declarado ante el Juzgado de Instrucción número 5 Andrés Arnaldos, que fue secretario general del Ente Público del Agua y asesor jurídico de este organismo desde 2007 hasta 2016.

Además, en su consejo de administración se sentaban altos cargos de la Consejería de Hacienda, empezando por el secretario general de este Departamento, que ejercía como vicepresidente; y el director general de Presupuestos, que era consejero. Hacienda había aprobado además las tarifas que debían aplicarse en la venta de los caudales, cuya cuantía hacía inviable la recuperación del gasto público. Sin embargo, nadie pareció percatarse de lo que estaba ocurriendo en las empresas públicas hasta que la denuncia llegó a la Fiscalía y se abrieron las primeras diligencias.

El Juzgado de Instrucción número 5, del que es titular María del Mar Azuar, que investiga el denominado caso La Sal, ha tomado ya declaración como imputados al exconsejero de Agricultura Antonio Cerdá y a los gerentes que ha tenido este organismo, Amalio Garrido y José Manuel Ferrer, así como al ex asesor jurídico que defendió a la Comunidad cuando Hydro Management le reclamó casi 600 millones como pago adelantado del contrato que obliga a desembolsar 17 millones anuales.

En julio están citados también como investigados los directivos de las empresas del grupo ACS que aparecen en los contratos. Los registros realizados en las sedes de las compañías y en los bufetes de abogados que asesoraron al Ente Público han permitido localizar correos electrónicos y mensajes que pueden ayudar a tirar del hilo para saber quiénes son los artífices de «la ruta prefijada» de la operación.

Previsiblemente, a partir de entonces empezarán a ser citados los altos cargos que han pasado por el consejo de administración o han tenido algún tipo de responsabilidad en la gestión de las cuentas de las empresas públicas vinculadas a la desaladora.

El juzgado trata de averiguar también qué intervención tuvo el expresidente de la Comunidad Ramón Luis Valcárcel en la toma de decisiones del Ente Público.

Por otra parte, han preguntado a Cerdá y a los exgerentes del Ente Público por qué no se obligó a responder a los ayuntamientos que ignoraron los convenios firmados para comprar el agua de la desaladora, cuando habían llevado a la Comunidad a embarcarse en un negocio ruinoso, dado que solo tres municipios de los 26 iniciales llegaron a consumirla antes de que la producción se destinara íntegramente al regadío.