El exconsejero de Agricultura y Agua Antonio Cerda, que presidió el Ente Público del Agua desde su creación, aseguraba en su declaración ante el Juzgado de Instrucción número 5 que él estaba totalmente ajeno a las negociaciones con la empresa Hydro Management, promotora de la desaladora de Escombreras, y la gestión de las sociedades públicas creadas para comprar y distribuir el agua procedente de la planta. En sus respuestas a las preguntas de la juez y a la fiscal, Cerdá desviaba la responsabilidad hacia «la gerencia» y recordaba que en el consejo de administración, en el que estaban representadas varias consejerías, «las decisiones se tomaban por unanimidad». Se lamentó de que «se ha demonizado» la iniciativa y de que «ha habido un cambio de gobierno y de consejero y todo el mundo se ha pasado la pelota», mientras que los funcionarios, «al estar todo judicializado, no quieren firmar nada».

Recordó igualmente que entre los integrantes del consejo de administración se encontraba la Dirección General de Presupuestos de la Consejería de Hacienda, al tiempo que existían auditorías e informes de los despachos de abogados Ariño y Arnaldos y de los asesores fiscales.

Explicó también que las conversaciones con los ayuntamientos que firmaron convenios con el Ente Público del Agua las llevó la que fue secretaria de este organismo y asesora suya, María Antonieta Fernández, que también está imputada como él en la recalificación de los terrenos protegidos situados junto al Mar Menor para la construcción de Novo Carthago.

Durante el interrogatorio, Antonio Cerdá mostró un total desconocimiento sobre las irregularidades detectadas en la investigación, como la cláusula que obligaría a la Comunidad a abonar por adelantado los 25 años de contrato con Hydro Management en caso de impago o de rescisión, y sobre las pérdidas que ha generado la gestión de la planta desde su puesta en marcha, asegurando que en aquel momento «nadie sabía lo que iba a venir», en referencia a la crisis económica.

Cuando la fiscal indicó que en los registros realizados en los despachos de los abogados que han intervenido en la operación y en las empresas se ha encontrado documentación que demuestra que «existía una hoja de ruta prefijada», el exconsejero negó cualquier responsabilidad. «Yo no he participado en nada», aseguró.

Cerdá defendió que también las plantas construidas por el Estado serían «un negocio ruinoso». Su tesis es que, tras la derogación del trasvase del Ebro, «aquí se han hecho las cosas para intentar resolver problemas. Se han tomado decisiones políticas que pueden ser acertadas o no. Y hoy en día tenemos un bien activo que está prestando un servicio a la Comunidad».

Reconoció que el proyecto se concibió con el propósito de abastecer a las urbanizaciones que tenían en proyecto los 26 municipios que firmaron convenios con el Ente Público, y no para el regadío, y trató de defenderlo asegurando que en la actualidad está a pleno rendimiento, en contra de lo que ocurre con «las infraestructuras construidas por el Estado» y es la «más eficiente de todo el Mediterráneo», dado que los caudales desalados se están utilizando para regar.

Cuando la fiscal le planteó que el cambio de uso de los caudales desalados ha permitido encontrar salida a «un negocio ruinoso», respondió que «si eso fuese cierto todas las infraestructuras que tiene el Estado serían ruinosas. Aquí estamos demonizando a la planta, pero está dando resultados para el mantenimiento de la agricultura». Añadió que, al no poder contar con los caudales del Ebro, «el Gobierno tuvo que tomar la decisión de hacer una fuente de agua. Y esa fuente no podía ser otra que la desalación, porque perdíamos el carro del desarrollo». Dijo también que antes de tomar la decisión de contratar la desaladora de Escombreras «se analizaron todos los proyectos de desalación» y se llegó a la conclusión de que el único viable era el de Hydro Management.