La patronal de las constructoras de mediano tamaño Anci ha reclamado la imposición de peajes en toda la red de carreteras del país como «herramienta para generar recursos» que propone destinar a generar un fondo de inversión en infraestructuras. Así lo indicó el presidente de la asociación, Jaime Lamo de Espinosa, dentro del listado de peticiones que realiza al nuevo Gobierno, expuesto ante la asamblea general de la asociación. De esta forma, esta patronal constructora se suma a la reivindicación histórica de otras organizaciones del sector, como la de grandes constructoras y concesionarias Seopan y la Confederación Nacional de la Construcción (CNC).
La demanda se plantea como respuesta a la decisión del nuevo Gobierno que ha avanzado su intención de levantar las barreras de peaje de las autopistas de pago cuyas concesiones caducan a partir de este añolevantar las barreras de peaje de las autopistas de pago . La primera concesión que expirará es la de la AP-1, Burgos-Armiñón, que vence en noviembre, y el tramo de la AP-7 Tarragona-Alicante, que expira en 2019.
En esta línea, Anci también considera que «no tiene vuelta atrás» la relicitación de las nueve autopistas de peaje quebradas que el anterior equipo de Fomento preveía lanzar este año para ceder de nuevo su explotación a empresas privadas.
De igual forma, en su asamblea anual, la asociación de constructoras medianas demandó que se mantenga el plan extraordinario de inversión en carreteras con capital privado de 5.000 millones que dejó listo el equipo de Íñigo de la Serna. De hecho, estaba anunciada la licitación en este mes de junio de los dos primeros contratos del plan y de obras por un total de 2.000 millones a lo largo de este año.
Entre los proyectos que iban a salir a licitación figuran las circunvalaciones de Murcia Arco Norte y Arco Noroeste, que había comprometido Íñigo de la Serna.
No obstante, las constructoras de mediano tamaño consideran que es precio fragmentar en lo posible estos y otros contratos para «favorecer la concurrencia» de todo tipo de empresas y «garantizar la eficiencia de la licitación pública» en aras de lo que, además, recomienda la nueva Ley de Contratos. En su opinión, lo contrario «favorece a las empresas de mayor dimensión y limita la competencia».
Lamo de Espinosa destacó la recuperación que la obra pública registró en la primera mitad del año, tras los mínimos históricos de ejercicios anteriores.
