El déficit murciano autorizado para 2018 ha llegado al borde del límite. El Gobierno regional incrementó hasta el mes de abril su déficit público hasta el 0,38% del PIB de la Región, lo que sitúa el margen permitido en un 0,02% para lo que queda de año. El objetivo fijado para el Ministerio de Hacienda para las comunidades durante este ejercicio es del 0,4%.

Se trata del sexto mayor porcentaje nacional por comunidades, equiparado al de Cataluña y dos décimas menos que el de 2017 por esas fechas, cuando era de 120. En concreto, el Ejecutivo murciano aumentó hasta abril de este año su déficit público en 119 millones de euros.

Precisamente la Autoridad Independiente de Responsabilidad Fiscal (AIReF) ya avisaba de que veía "muy improbable" que la Región cumpliera con el objetivo marcado para este año.

En el resto del país, las comunidades autónomas redujeron su déficit en abril el 31,1% respecto al mismo mes del año anterior, hasta colocarse de media en el 0,2% del PIB, dentro de los objetivos marcados para este año, del 0,4 por ciento, y un desfase conjunto de 2.438 millones.

El Ministerio de Hacienda publicado ayer el dato de déficit de la Administración central, las comunidades y la Seguridad Social, que se redujo un 24,4% hasta abril, de manera que en el primer cuatrimestre del año el desajuste se situó en el 0,57% del PIB, frente al 0,78% del mismo mes de 2017.

Las comunidades pasaron del 0,3% de déficit hace un año, equivalente a 3.538 millones de euros, al 0,2% y 2.438 millones.

Superávit en tres comunidades

Hay además tres comunidades que presentan superávit: País Vasco, del 0,56 % y 418 millones; Asturias, del 0,19 % y 44 millones, y La Rioja, del 0,06 % y 5 millones. Del resto, la que registra un déficit más elevado es Navarra, del 0,66 % y un desfase de 137 millones, seguida de Castilla-La Mancha, con el 0,51 % y 214 millones, y Cantabria, del 0,46 % y una necesidad de financiación de 63 millones.

Según Hacienda, los recursos de las comunidades crecieron un 5,9% en este periodo, principalmente por los mayores anticipos a cuenta del sistema de financiación recibidos, 1.046 millones frente a 244 millones en 2017, el incremento en 1.263 millones de las entregas a cuenta y el aumento del 12,3 % registrado por el Impuesto sobre Transmisiones Patrimoniales y Actos Jurídicos Documentados.