Los dos investigados en el caso de la Desaladora de Escombreras que declararon ayer en el Juzgado de Instrucción de Murcia que tramita la presunta actuación delictiva en su construcción y gestión han negado que hubiera un plan preconcebido para que la obra, iniciada con capital privado, fuese financiada finalmente con capital público. Una de las dos personas que prestaron declaración es José Manuel Ferrer, que fue gerente del Ente Público de Agua (EPA), un órgano puesto en marcha por la Comunidad de Murcia y que se considera por la fiscalía y los investigadores que pudo servir, presuntamente, como elemento para conseguir una financiación de la desaladora con fondos públicos.

Como hizo el martes el exconsejero de Agricultura y Agua Antonio Cerdá al abrir la ronda de declaraciones, Ferrer defendió la legalidad de su actuación y dijo, según han indicado a Efe fuentes de la investigación, que la creación de la EPA se trataba de coordinar las actuaciones llevadas a cabo por el ejecutivo regional para un mejor uso de los recursos hídricos disponibles y la optimización de los mismos.

Y añadía que las gestiones iban dirigidas igualmente a conseguir mayores volúmenes de los disponibles hasta entonces y que se precisaban incluso para el abastecimiento a poblaciones.

Fue la crisis económica la que, como dijo Cerdá, impidió que muchos de los objetivos que se marcaron se viesen cumplidos finalmente.

En esta segunda jornada de declaraciones fue interrogado igualmente en la condición de investigado el letrado Andrés Arnaldos, que fue nombrado secretario general del Ente en junio de 2007 y, posteriormente, asesor jurídico. Este defendió, según las mismas fuentes, la legalidad de las actuaciones llevadas a cabo y que en todo momento se intentó que la desaladora, si no podía ser rentable, que, al menos, costase lo menos posible a las arcas comunitarias.

Los interrogatorios a los investigados se llevan a cabo de forma exhaustiva tanto por la magistrada María del Mar Azuar como por la fiscal del caso, Maribel Neira, que asumió esa función recientemente al pasar a la situación de baja por enfermedad el exfiscal superior del Tribunal Superior de Justicia Manuel López Bernal. Los interrogatorios se basan, fundamentalmente, en el contenido de una causa que cuenta con miles de folios y con unos archivos informáticos que aportan numerosos datos que se considera de gran interés para tratar de acreditar si en torno a la Desaladora pudieron cometerse, entre otros, los delitos de malversación de caudales públicos, fraude y falsedad, entre otros.