El exconsejero de Agricultura y Agua Antonio Cerdá, que ayer compareció ante la juez que investiga los contratos de la desaladora de Escombreras, recurrió al mismo argumento utilizado anteriormente por otros compañeros de su partido para justificar su desconocimiento sobre las decisiones que tomó y sobre los contratos que firmó con la empresa propietaria de la planta. «Yo era un firmante» llegó a manifestar Cerdá durante el interrogatorio, en el que solo aceptó responder a las preguntas de la titular del Juzgado de Instrucción Número 5, María del Mar Azuar; de la fiscal, María Isabel Neira; y de su abogado defensor, Aurelio Llanes. No contestó a la decena de abogados presentes en su declaración que representan al resto de investigados.

El que fue titular de Agricultura y Agua del Gobierno de Ramón Luis Valcárcel entre 1999 y 2015 está imputado en esta causa, conocida como caso La Sal, junto a dos ex altos cargos del desaparecido Ente Público del Agua, directivos de las empresas del grupo ACS que construyeron la planta y después la arrendaron a la Administración regional y los socios murcianos de la propietaria, denominada Hydro Management.

La Comunidad Autónoma, a través del Ente Público del Agua, que presidía Cerdá, compró en 2006 una participación en otra empresa creada por ACS que era la titular del contrato de alquiler de la desaladora de Escombreras y adquirió la totalidad de las acciones en los años siguientes. A través de esta operación el Ente Público se comprometía a pagar a Hydro Management una cantidad anual, que en estos momentos viene suponiendo unos 17 millones de euros. Actualmente la planta está a pleno rendimiento y produce unos 22 hectómetros cúbicos al año, destinados al regadío, aunque durante la última década apenas si ha llegado al 50%.

El contrato también obliga a la Comunidad a abonar por adelantado los 25 años de alquiler en caso de rescisión, lo que supondría un desembolso de casi 600 millones, aunque la planta solo costó unos 114 millones. De hecho, el grupo ACS llegó a presentar una demanda en los tribunales para activar esta cláusula cuando dejó de cobrar durante los primeros años de la crisis. Finalmente la Comunidad consiguió dinero del Fondo de Liquidez Autonómico (FLA) para ponerse al día y la demanda fue retirada.

La juez que investiga estos contratos ha apreciado los posibles delitos de «fraude, malversación y falsedad en documentos públicos, fraude de subvenciones, delito societario e insolvencias punibles» en la operación.

Cerdá acudió ayer a la Ciudad de la Justicia poco después de las 9.00 horas y salió pasadas las 12.30. Eludió cualquier responsabilidad sobre las decisiones que firmó defendiendo que él «no es un técnico» y que se tenía que fiar de las operaciones que le proponían, tal y como han declarado con anterioridad otros exconsejeros, como Joaquín Bascuñana, imputado como él en el caso Novo Carthago, o el exalcalde de Murcia Miguel Ángel Cámara.

«Yo era un firmante», dijo Cerdá. El exconsejero tampoco llegó a precisar quién avalaba los acuerdos con ACS, aunque negó que el objetivo fuese sortear la Ley de Contratos públicos, tal y como sostiene la Unidad de Delitos Económicos y Fiscales (UDEF) y la Fiscalía del TSJ. Aseguró que la finalidad era poner en marcha un organismo especialmente dedicado a la gestión del agua y ayudar a combatir el déficit hídrico que padece la Región, según informó Efe. Durante su declaración defendió que la desaladora ahora «es viable», aunque fue construida para garantizar el suministro a las urbanizaciones y no al regadío.