Once acusados y más de 52 millones en fianzas para hacer frente a la posible responsabilidad civil. Son las cifras del auto dictado por la magistrada de la Audiencia Nacional Carmen Lamela y notificado ayer a la partes por el que se abre juicio oral por los negocios que la CAM montó en el Caribe a través de Valfensal. Junto a los empresarios de Benidorm que se asociaron con la caja y los exdirectivos de la entidad aparece el exconcejal murciano del PP Juan Ramón Avilés, que era entonces el máximo responsable de la comisión de control encargada de controlar las cuentas de la CAM.
Valfensal era la mercantil con la que los exdirectivos de la entidad Roberto López Abad y Daniel Gil se asociaron con los hoteleros de Benidorm Juan Ferri y José Baldó para su aventura empresarial a otro lado del Atlántico. Unas actuaciones que habrían causado un daño a la caja cuantificado por el Banco de España en 28 millones, cantidad que reclama el Fondo de Garantía de Depósitos.
La iniciativa empresarial ya les ha llevado a los cuatro ahora exsocios a conocer la prisión y en breve les sentará en el banquillo de los acusados. Junto a ellos estarán dos exresponsables de TIP, la sociedad participada con la que la caja se metió en Valfensal, un empleado de los hoteleros, el empresario de Sucina Juan Ramón Avilés y tres de los antiguos miembros de la comisión de control, uno de los órganos de la CAM encargado de velar para que no se aprobaran operaciones de dudosa racionalidad económica.
Autores o inductores
Tanto la Fiscalía Anticorrupción como la acusación particular que se ejerce en nombre de Fondo de Garantía de Depósitos les acusan de un delito de administración desleal, unos en concepto de autor y otros como cooperadores necesarios o inductores, aunque la pena que se solicita es la misma en todos los casos: cuatro años de cárcel. A esta petición de condena se enfrentan los exdirectivos de TIP Vicente Sánchez y César Véliz así como el director del departamento financiero de grupo empresarial de Ferri y Baldó, Francisco Climent, quien junto a sus jefes está acusado además por el Ministerio Público de seis delitos fiscales por los que les reclama, en total, 18 años de prisión para cada uno.
La Fiscalía les pide también a los dos hoteleros el abono de los más de 11,6 millones que supuestamente defraudaron a lo largo de seis ejercicios fiscales, de 2008 a 2013. La fiscal mantiene que simularon que la gestión de los negocios se llevaba desde Curaçao, territorio calificado de baja tributación, cuando en realidad se hacía desde Benidorm y Palma de Mallorca.
De los 37.333.000 euros fijados por la juez como responsabilidad civil tienen que responder conjunta y solidariamente todos los acusados en un plazo de 24 horas señalando como responsable directo a Caser y a Valfensal, como subsidiario.
Ferri y Baldó tienen que consignar además 15.500.000 por los delitos fiscales respondiendo Valfensal en caso de no hacerlo ellos.
Anticorrupción sostiene que López Abad y Gil utilizaron TIP para conceder préstamos a Valfensal «que de otra manera no hubiera podido ser al no cumplir los requisitos requeridos por la CAM para ello». Según la fiscal, «los cuatro acusados decidían las operaciones que iba a efectuar Valfensal y los préstamos que debían ser autorizados», unas actuaciones que venían «avaladas» por los exdirectivos de la caja encausados «que daban el visto bueno sin analizarlas en profundidad y no cumplimentando los requisitos exigibles».
Un comportamiento similar al que atribuye a la comisión de control contra la que, sin embargo, no presenta cargos a diferencia del Fondo, que sí lo hace, en el caso del expresidente Juan Ramón Avilés y de los exconsejeros Remedios Ramón, Asunción Martínez y Francisco Grau, el asesor fiscal del exministro Eduardo Zaplana encarcelado junto a él en Picassent.
