El exconsejero de Agricultura y Agua Antonio Cerdá ha declarado esta mañana durante varias horas ante la titular del Juzgado de Instrucción número 5 de Murcia, María del Mar Azuar, que investiga en los contratos firmados por la Comunidad Autónoma con la empresa propietaria de la desaladora de Escombreras.
Antonio Cerdá está imputado en esta causa, conocida como caso La Sal, junto a dos ex altos cargos del desaparecido Ente Público del Agua, directivos de las empresas del grupo ACS que construyeron la planta y después la arrendaron a la Administración regional y los socios murcianos de la sociedad propietaria, denominada Hydro Management.
La Comunidad Autónoma viene pagando unos 17 millones anuales por el alquiler de la planta, que produce unos 22 hectómetros cúbicos de agua al año, destinados actualmente al regadío.
La juez que investiga los contratos del Ente Público del Agua con Hydro Management ha apreciado los posibles delitos de
«fraude, malversación y falsedad en documentos públicos, fraude de subvenciones, delito societario e insolvencias punibles» en la operación.
Antonio Cerdá ha acudido a la Ciudad de la Justicia poco después de las 9.00 horas y ha abandonado la sede los juzgados pasadas las 12.30.
El exconsejero ha eludido hacer declaraciones y ha realizado ningún comentario. Tan solo ha indicado que su comparecencia, que debía iniciarse a las 9.30 horas, había comenzado con retraso.
Posteriormente ha prestado declaración Amalio Garrido, que fue el primer gerente del Ente Público del Agua.
Mañana están citados el último responsable que tuvo este organismo creado por la Consejería de Agricultura, José Manuel Ferrer, que con anterioridad había ocupado distintos cargos en el Gobierno regional, y el letrado Andrés Arnaldos, que fue secretario y asesor jurídico de la empresa pública que es la titular del contrato de arrendamiento.
