Las empresas de la Región que están sometidas al control de la emisión de gases de efecto invernadero (CO2 principalmente) lanzaron a la atmósfera el año pasado 524.146 toneladas más de este gas contaminante respecto al ejercicio anterior, lo que les ha costado muy caro (algo más de 56 millones de euros). Son las que se califican como «grandes fuentes», entre ellas las industrias eléctricas o del petróleo.
En total, en 2017 se emitieron algo más de 4,8 millones de toneladas de dióxido de carbono, prácticamente el doble de los derechos que tienen asignados por parte del Gobierno español, según el informe anual sobre las emisiones en la Región de Murcia: tenían adjudicadas casi 2,4 millones de toneladas y se pasaron en otros 2,4 millones.
El ejercicio anterior (2016) las emisiones totales fueron de 4.304.600 toneladas de CO2, de las cuales 633.435 procedieron de las empresas de producción eléctrica, lo que supuso, sólo en este sector, un 31% menos que el año pasado.
El reciente informe también arroja un dato destacable, comparándolo con el del año anterior, ya que el sector eléctrico no sólo no ha reducido sus emisiones sino que las ha incrementado en más del doble: produjeron 1,3 millones de toneladas de CO2 en total durante 2017.
En el caso del sector del refino de petróleo, la única empresa que opera en la Región (Repsol Petróleo), incrementó sus emisiones en 573.697 toneladas sobre las permitidas (de 1.840.640 a 2.414.337).
Estas cifras están recogidas en el Informe anual sobre las Emisiones de Gases de Efecto Invernadero de la Región, que obliga a las industrias sometidas a este control a presentar un balance cada mes de febrero.
Las emisiones están fiscalizadas por la administración regional, estatal y europea y si superan las emisiones permitidas, deben salir al mercado con el fin de comprar derechos que les falta para arrojar a la atmósfera el dióxido de carbono. Es decir, que no son gratuitas.
Estas empresas están ubicadas principalmente en el cartagenero Valle de Escombreras.
Si el año pasado este descenso en la emisión de CO2 se achacó a que la crisis económica aún estaba afectando a la industria, este año hay que pensar en todo lo contrario.
LO QUE LES CUESTA
Para poder seguir en el mercado, las empresas que han sobrepasado los valores permitidos tuvieron que salir al mercado para comprar los derechos de emisión que les faltaban, y que luego tuvieron que entregar en el Registro Europeo. Teniendo en cuenta los valores medios de este mercado de los tres últimos meses del año pasado (7,5 euros por tonelada), las instalaciones abonaron casi cuatro millones de euros por su compra, cantidad a la que tuvieron que sumar la multa de 100 euros por cada tonelada emitida en exceso. Es decir, que el contaminar de más les ha costado en total algo más de 56 millones de euros.
Las eléctricas perdieron en 2013 las asignaciones gratuitas de emisión de gases de efecto invernadero (causantes del calentamiento global de la atmósfera) que tenían con anterioridad. Según los expertos, a este sector en concreto, y al resto de las industrias controladas, solo les queda invertir más en infraestructuras para reducir las emisiones si quieren evitar este importante gasto. La máxima, ´el que contamina, paga´, debe transformarse en ´el que no contamina, ahorra´.
