Los juzgados y tribunales de la Región recibieron en 2017 un total de 188.737 asuntos y resolvieron 184.163, lo que supone una media de 1.560 asuntos por órgano. Así se refleja en la Memoria del Tribunal Superior de Justicia (TSJ) de Murcia, que presentó este miércoles su presidente, Miguel Pasqual del Riquelme.

El citado informe detalla que el número de procedimientos pendientes aumentó en un 3,4% a lo largo del año pasado, «a pesar del enorme esfuerzo realizado».

Lo que pasa se debe, insiste el TSJ, a la carencia de medios, materiales y humanos, que desde la Justicia murciana llevan tiempo demandando.

Pasqual del Riquelme compareció en la sala de prensa de la Ciudad de la Justicia con unos papeles bajo el brazo encabezados por una premisa: «Porque la Justicia está llamada a escuchar y está obligada a explicarse».

Faltan jueces y faltan infraestructuras. Pese a los problemas, cada magistrado dictaba en 2017 un número de 275,4 sentencias.

«Somos de las regiones con menos jueces y que más resolvemos», subrayó el presidente del TSJ, que detalló que los magistrados «sólo descansan, como si de una maldición bíblica se tratara, los domingos y en agosto», que es un mes inhábil para los juzgados.

Por otro lado, se presentaron 3.209 demandas por despido en los juzgados de Lo Social, lo que implica un incremento del 8% respecto a las registradas en 2016.

Más cosas: hace falta modernizar la tecnología, para que el Expediente Digital ayude, en lugar de ralentizar el trabajo.

Jueces, abogados y fiscales recordaban esta cuestión en sus recientes protestas. De ahí que el TSJ espera que «2018 sea el año de la digitalización de juzgados y tribunales».

Pasqual del Riquelme quiso empezar su intervención con una reivindicación. Y es que «es hora de hacer Región también en el ámbito de la administración de Justicia», aseveró.

Por eso, pide «que la agenda política incorpore las reivindicaciones». «La Región necesita, desde luego, agua, infraestructuras y financiación autonómica, pero también necesita Justicia. Una Justicia con más medios», señaló el presidente del TSJ.

En su discurso del Día de la Región, el presidente de la Comunidad, Fernando López Miras, puso el acento precisamente en la necesidad de agua, infraestructuras y financión autonómica. Pasqual del Riquelme indicó que «no se suele escuchar» de boca de los políticos que reforzar los medios de la Justicia ha de ser también una prioridad. Porque de una Justicia rápida y eficiente «depende la cohesión social, nuestro Estado del Bienestar», afirmó.

«La falta de medios es un problema de las decenas de familias en crisis que piden a los tribunales que les solucionen sus problemas», señaló Del Riquelme, que también se acordó «de los cientos de empresarios y comerciantes que piden que se les ayude en sus reclamaciones de cobro que les impiden seguir prosperando», así como «de los consumidores, que no encuentran la respuesta pronta de los derechos que reclaman» y, en definitiva, «de las muchas familias y personas que se encuentran en situación de vulnerabilidad». También habló «de las víctimas de los delitos, que necesitan espacios, medios y profesionales» para conseguir Justicia, así como «de los ciudadanos, que tantas veces sienten la frustración de las respuestas lentas a problemas como la corrupción».

En la Memoria presentada este miércoles se advierte que de las 121 unidades judiciales que hay en toda la Región la mayoría (83) superan su carga de trabajo y 31 la duplican como los juzgados de instancia en Murcia y Cartagena o los de Instancia e Instrucción de Molina, localidad ésta última en la que se plantea construir una nueva sede para albergar los juzgados.

Del Riquelme calcula que en la comunidad murciana haría falta 33 juzgados nuevos, pero, como es consciente de que el Ministerio no va a conceder la apertura de tantos, de momento pide: dos de Primera Instancia para Murcia, un juzgado mixto en Molina de Segura, uno de Primera Instancia en Cartagena y otro de Lo Mercantil para toda la Región.

Sobre las últimas protestas de jueces, fiscales y abogados, el presidente del TSJ apuntó que no son algo reciente, sino que «llevan varios años». «Yo me recuerdo también en primera línea de batalla», aseguró, «aunque ahora me corresponda otro rol».

En este sentido, recordó que los presidentes de los distintos tribunales superiores de Justicia emitieron un comunicado, con motivo de la huelga del día 22 de mayo, en el que «hicimos nuestras las reivindicaciones» de quienes pararon y salieron a protestar. «Es que son absolutamente necesarias», insistió. «Los jueces somos los guardianes de las promesas, pero necesitamos medios», hizo hincapié al respecto.

En el turno de preguntas, tras la presentación de la Memoria 2017, el presidente del TSJ fue preguntado por la sentencia del caso Nueva Condomina (pieza separada del Umbra) que absuelve de toda culpa al que fuese alcalde de Murcia, Miguel Ángel Cámara. A este respecto, Pasqual del Riquelme puso de manifiesto su respeto a las decisiones de los tribunales y recordó que «nuestra obligación (la de los juristas) no es producir condenas, sino producir sentencias justas».

La cantidad de casos de corrupción que hay abiertos ahora mismo (y que salpican a la Región) colabora al tan denunciado colapso que muchos juzgados vienen padeciendo.

En concreto, Del Riquelme habló del apoyo que se está prestando a juzgados que instruyen asuntos complejos (como son los de corrupción) y citó casos sentenciados como Valeo, Zerrichera, Nueva Condomina, Camelot o Zincsa, o los que se están ultimando en la fase de investigación como Novo Carthago, Auditorio, Púnica o Liber, entre otros.

Según se lee en la Memoria, en los juzgados de instrucción y de primera instancia se declararon 687 nuevos asuntos como de instrucción compleja en 2017, y se resolvieron 1.003 de los casos ya abiertos. A finales del año pasado estaban tramitándose 1.139 asuntos cuya instrucción había sido declarada compleja.

El presidente del TSJ anunció que se van a reforzar juzgados que llevan ahora mismo asuntos farragosos de corrupción. Por eje,plo, el Juzgado de Instrucción Número 1 de Lorca (comenzó con la instrucción del caso Pasarelas, que salpica al expresidente Pedro Antonio Sánchez) y el Juzgado de Instrucción Número 5 de Murcia, que lleva, entre otros temas, el de la Desaladora de Escombreras.

Los refuerzos que van llegando a la Región «los vamos adaptando» a las necesidades de cada momento, comentó Del Riquelme.