El murciano José García Gómez, que fue exconsejero de la extinta Caja de Ahorros del Mediterráneo (CAM), alegó ayer que desconocía el importe de las dietas percibidas por el expresidente de la entidad Modesto Crespo por presidir la filial de la caja Tinser Cartera SL, así como que fuera a cobrarlas con carácter retroactivo.

Al igual que García Gómez, que se enfrenta a dos años de cárcel, otros siete exconsejeros de la caja fueron unánimes en sus declaraciones efectuadas en la cuarta sesión del juicio que se celebra en la Audiencia de Alicante contra 21 exconsejeros de la extinta CAM por el caso Tinser, que gira en torno al cobro de 600.000 euros en dietas por Crespo. Los ocho altos cargos contradicen lo manifestado en las jornadas anteriores por el ex director general de la CAM Roberto López Abad y otros dos exconsejeros, Antonio Gil-Terrón y Martín Sevilla, que formaban parte de la comisión de retribuciones de la entidad.

Los tres habían justificado los pagos al expresidente de la CAM por la labor desempeñada en Tinser Cartera y garantizaron la transparencia de la información que facilitaron al consejo de administración, que los aprobó en una reunión celebrada el 27 de septiembre de 2009. Sin embargo, García Gómez y siete antiguos miembros de dicho consejo sostuvieron ayer, durante la cuarta sesión del juicio, que no se habló «en ningún momento» del importe de la cuantía de las dietas ni de su retroactividad, pese a que el acta redactada con posterioridad refleja lo contrario.

Según su versión, únicamente aprobaron la constitución de un consejo de administración en Tinser y el nombramiento de Crespo como presidente ejecutivo de esa firma tras la lectura de una carta de la comisión de retribuciones y una intervención de López Abad. «Si eso se hubiera tratado, yo habría saltado encima de la mesa porque iba contra cualquier principio de lo que es una remuneración normal», declaró uno de los vocales del consejo, Manuel Navarro, que participaba en ese órgano a propuesta de un sindicato de la CAM.

«La asamblea general se merece un mínimo de respeto y ser informada de un asunto de la máxima relevancia porque es soberana. Yo habría mostrado mi disconformidad porque estábamos ya en crisis, a la plantilla nos estaban apretando el cinturón y no nos dejaban ni respirar», añadió. En este sentido, esos ocho acusados coincidieron en manifestar al tribunal que el acta de dicha reunión no reflejaba lo ocurrido realmente en la misma al incluir la aprobación del importe de las dietas y su cobro retroactivo respecto al primer semestre de 2009.

«El acta dice una cosa que no sucedió», afirmó José García, mientras que otro de sus antiguos colegas, Jesús Navarro, especuló con el «escándalo» que se habría montado, «con filtraciones a la prensa incluidas», de conocerse el sueldo que iba a percibir el entonces presidente de la CAM.

En cambio, el que fue secretario del consejo en esa época, José Forner, defendió la veracidad del acta, que era responsabilidad suya, aunque reconocióque ésta no coincidía con la remitida antes por la comisión de retribuciones, que no hacía referencia a la cuantía de las dietas ni a su cobro retroactivo.