Como un trabajador abnegado dibujó ayer el ex director general de la CAM Roberto López Abad al que fuera el último presidente de la caja y el único que ha percibido una remuneración en la historia de la entidad, Modesto Crespo. Por este motivo se está juzgando a ambos y a los 19 miembros del consejo de administración que aprobó que se le pagaran 600.000 euros en dos años por no hacer nada, entre los cuales figuran dos empresarios murcianos. Se trata de Ángel Martínez, que fue vicepresidente de la entidad, y de José García Gómez, presidente de la Agrupación de Conserveros.

El empresario de Elche que fue el último presidente de la CAM reconoció haber cobrado el dinero ante el tribunal que preside el magistrado Javier Martínez Marfil en una comparecencia de apenas un minuto. Crespo, quien se negó a responder a nadie que no fuera el fiscal, se limitó a ratificar el acuerdo alcanzado con Anticorrupción por el que asume que es culpable de un delito de apropiación indebida, además de devolver lo cobrado indebidamente en tres años. Ello a cambio de una rebaja de cuatro años a nueve meses de prisión en la petición de pena, con lo que se asegura que no entrará en la cárcel, y de una bajada de 120.000 a 9.000 euros en la multa.

Tras el minuto de Crespo y la comparecencia del también acusado Aniceto Benito, que se acogió a su derecho a no declarar, la de López Abad se prolongó durante casi cinco horas. El ex director general, que se enfrenta a la misma petición que Crespo antes del pacto como cooperador necesario, se refirió al nombramiento del empresario al frente del consejo de Tinser como a la contratación de un alto ejecutivo al que se le fichó previa postulación del interesado, precisó, para dedicarse «en cuerpo y alma» a relanzar esta sociedad de la CAM dedicada a la inversión en pequeñas y medianas empresas. Para ello, abundó, dejó sus cargos en las organizaciones empresariales, puso sus negocios en manos de sus hijos y hasta «iba todos los días a la caja, lo que no hacía el anterior presidente».

López Abad ensalzó las dotes profesionales de Crespo, que ante el tribunal de la Audiencia Nacional se presentó como poco menos que un florero y quien en el relato de hechos pactado con el fiscal eliminó que el ex director general fuera el ideólogo del plan para que cobrara las supuestas dietas, como sostiene la acusación pública. Mientras, la mayoría de los exconsejeros acusados de dar luz verde a estos pagos no podían verse quietos en sus asientos.

Un baile de San Vito que se hizo más evidente cuando el penúltimo director general de la CAM aseguró que, en contra de lo que mantiene la mayoría de los consejeros, «todo ocurrió tal cual está expuesto en el acta». Es decir, que a aquel consejo del 27 de noviembre de 2009 no sólo se llevó el nombramiento de Crespo sino también la remuneración de 300.000 euros al año y el pago de los primeros seis meses con carácter retroactivo. Un detalle que ayer aseguró que se «olvidó» de mencionar a la comisión de retribuciones, órgano que dio inicialmente el visto bueno a la propuesta, pero del que después él informó «oralmente» al consejo.

El acusado insistió en la diferencia en cuanto a los límites existentes entre las remuneraciones a los consejeros generales y a los de las sociedades participadas, se refirió a las dietas como a algo «arcaico y obsoleto» y precisó que las retribuciones en la CAM siempre estaban por debajo de las que se pagaban en el mercado. Aún así, admitió que era «la primera vez que se planteaba un emolumento a un presidente por estar en un participada, por eso se llevó al consejo», apostilló.

¿Transparencia?

A preguntas de las defensas, el acusado no supo concretar por qué si se buscaba transparencia al someter el acuerdo al consejo no se trasladó a la asamblea general y a la opinión pública, recalcó que quien tenía «todos los poderes en la caja» era este órgano y recordó que los consejeros «estaban informados de cuál era la operativa y cómo se podía impugnar un acuerdo», en clara alusión a que podían haberlo hecho al verlo reflejado en el acta si, como sostiene la mayoría desde que comenzó este proceso, la cuestión de la remuneración se introdujo después sin que hubiera pasado por el consejo.