El exconsejero de Agricultura y Agua del Gobierno murciano Antonio Cerdá, uno de los investigados en el presunto caso de corrupción urbanística Novo Carthago, ha recurrido el auto de procesamiento dictado por la titular del Juzgado de Instrucción Números dos de Murcia, Miriam Marín, en el que también aparecen como imputados los exconsejeros Joaquín Bascuñana y Francisco Marqués.
Cerdá recuerda que, a su juicio, era peor utilizar los terrenos protegidos junto al Mar Menor para la agricultura intensiva que destinarlos a usos recreativos y deportivos. En su defensa aduce que la contaminación de la laguna, que ha dado lugar a una investigación en otro juzgado de Murcia, le ha dado la razón.
En su recurso Antonio Cerdá pide el sobreseimiento de las actuaciones y defiende que su decisión en torno a la modificación de los usos del suelo recogidos en el Plan de Ordenación de Recursos Naturales (PORN) "fue discrecional, no arbitraria".
La titular del Juzgado de Instrucción Número Dos de Murcia, Miriam Marín, ha dictado un auto de procedimiento abreviado, el paso previo al juicio oral, contra los exconsejeros Marqués, Cerdá y Bascuñana y contra otras siete personas, entre las que figuran antiguos directores generales, asesores del Ejecutivo y el empresario alicantino Rafael Galea, máximo responsable de Hansa Urbana la constructora vinculada a la extinta Caja de Ahorros del Mediterráneo (CAM)
Cerdá, que ha acudido directamente al recurso de apelación para combatir el auto dictado por el Juzgado de Instrucción de Murcia el pasado 22 de mayo, en el que se acuerda continuar las diligencias contra diez investigados por el trámite del procedimiento abreviado, ha defendido la legalidad de su actuación en torno al proyecto.
En el recurso comenta que "no se puede o no se debe acudir a la jurisdicción penal con la finalidad de revisar decisiones políticas y utilizar para ello un artificio tintado de ingredientes penales basado en valoraciones meramente subjetivas, puramente especulativas y carentes del necesario y riguroso soporte probatorio".
Cerdá desmiente lo afirmado en el auto contra el que recurre, ya que asegura, no estuvo en el acto de presentación del proyecto Novo Carthago, que preveía la construcción de 10.000 viviendas, hoteles de lujo y un campo de golf en espacios protegidos junto al Mar Menor, que se celebró en un hotel de La Manga del Mar Menor.
No se olvida tampoco la defensa del exconsejero de citar que los informes patrimoniales elaborados por la Agencia Estatal de Administración Tributaria (AEAT) señalan que no se ha encontrado nada significativo que carezca de la acreditación correspondiente o que pueda incluirse en Novo Carthago.
Entrando de lleno en el fondo del asunto, el recurso comenta que por orden de la consejería de Medio Ambiente de 29 de diciembre de 1998, publicada pocos días después en el Boletín Oficial de la Región de Murcia (BORM), se aprobó inicialmente el PORN de los Espacios Abiertos e Islas del Mar Menor y Cabezo Gordo.
En el mismo se permitían los usos agrarios en la unidad conocida por El Saladar de lo Poyo, y la orden pasaba a exposición pública durante dos meses y al trámite de consulta institucional.
Y añade que se trató solo de una mera propuesta inicial, ya que nunca existió un acto administrativo que la aprobara definitivamente.
A finales de 2002 y principios de 2003, se lee en la apelación, el ayuntamiento de Cartagena se planteó la idea de actuar urbanísticamente en San Ginés de la Jara-Lo Poyo, y ante la posibilidad de que se vieran afectados espacios protegidos, el exconsejero ordenó al director general del Medio Natural que visitara la zona, acompañado de los técnicos de la Administración regional.
Se trataba, añade, de analizar la posibilidad de adaptar el espacio afectado y posibilitar los usos recreativos y deportivos en el mismo.
Los técnicos concluyeron que, desde el punto de vista medioambiental, eran preferibles esos usos a mantener el destino para cultivos agrícolas intensivos.
Cerdá indica que el tiempo, "por sí solo", les ha dado la razón, ya que, catorce años después, un Juzgado de Instrucción de Murcia investiga la contaminación que sufre el Mar Menor precisamente procedentes de esa actividad agrícola.
Ante esa conclusión, ordenó a la dirección general que continuara la tramitación del PORN, para la posibilidad de modificar los usos compatibles en la unidad de Regadíos Miramar.
Para ello, se firmó la orden de reinicio del plan que fue publicada en el BORM en junio de 2003 y que abrió un plazo de exposición pública por espacio de tres meses.
Esa disposición, concluye, fue un acto discrecional del órgano político, que era el consejero de Agricultura y Agua, y no arbitrario.
"Se trató de un mero posicionamiento inicial que podía ser modificado sustancialmente o incluso ser dejado sin efecto en base al proceso participativo que se abría", añade.
La disposición no llegó a producir modificación normativa alguna, toda vez que no se produjo la aprobación definitiva, por lo que concluye el recurso que Cerdá no ha cometido el delito de prevaricación administrativa que se le atribuye.
