La creación y puesta en marcha de los dos nuevos Juzgados de Familia en la Región, uno en Murcia que entró en funcionamiento en marzo del presente año y otro en Cartagena que comenzará a funcionar en Septiembre, no ha ido acompañado de la dotación al personal de psicólogos y trabajadores sociales. Esto es lo que denuncia el sindicato Comisiones Obreras, que en un contexto en el que han aumentado el número de demandas de disoluciones matrimoniales, separaciones y divorcios o los procedimientos de modificación de medidas, guardia, custodia y alimentos de los hijos, ha exigido al Ministerio de Justicia la incorporación de estos profesionales a las plantillas de los juzgados dado que «son los encargados de elaborar los informes en estos procedimientos contenciosos en los que existen las disputas sobre guarda y custodia de los hijos, regulación de los regímenes de visitas, idoneidad de la adopción, tutelas o acogimientos, suspensión o privación de la patria potestad, protección de menores...».

Dado que también se ha producido un incremento importante de solicitudes de custodias compartidas, esto ha supuesto, según CC OO, un aumento de los informes Periciales Psicológicos y Sociales. Por ello han exigido la creación de dos plazas para psicólogos en el Instituto de Medicina Legal de Murcia y una más en la sede de Cartagena, así como una plaza de trabajador social para cada una de las sedes del instituto.

El triple de procesos

Los dos nuevos juzgados de Familia en Murcia y Cartagena se tuvieron que crear debido al aumento de procedimientos judiciales en la Región, que CC OO cifra en 3.883 las demandas de disoluciones matrimoniales, separaciones y divorcio en 2016 o, en ese mismo año, se iniciaron 2952 procedimientos de modificación de medidas, guardia, custodia y alimentos de hijos, triplicando las que se iniciaron años anteriores.

«En dichas modificaciones de medidas siete de cada diez demandas registradas son contenciosas (no hay acuerdo), cifra que aumenta hasta ocho de cada diez cuando se trata de procedimientos donde hubo un vínculo matrimonial», explica el sindicato.