La Consejería de Familia y el Tribunal Superior de Justicia de la Región de Murcia colaborarán para crear un punto de encuentro familiar itinerante en casos de separación donde se detecte la necesidad de proteger al menor por la mala relación de los progenitores.

La consejera, Violante Tomás, y el presidente del TSJ, Miguel Pasqual del Riquelme, firmaron ayer un protocolo de actuación para mejorar el servicio y la derivación de los casos conflictivos, para lo que ya existe un punto de encuentro en Murcia y otro en Cartagena. El nuevo servicio será itinerante y pasará por toda la Región para evitar desplazamientos de las familias que lo requieran.

El Punto de Encuentro Familiar es un recurso social especializado, vinculado al ámbito de la familia, cuya finalidad es garantizar el derecho de los menores de relacionarse con sus padres y familiares cuando no convivan con estos. El pasado año se presentaron 141 casos en los juzgados, de los cuales 56 se resolvieron o archivaron debido a que los objetivos se habían conseguido. Estos casos son derivados por los juzgados de Primer Instancia de Familia, de Instrucción, y de Violencia de Género, y el objetivo es controlar las visitas y mediar en la relación entre los menores y los padres con el fin de que en el futuro lo puedan solucionar ellos mismos. Para ello se controla el régimen de visitas y se inicia un proceso de trabajo con los padres que ayuda a mejorar la relación en beneficio de los hijos, y es un recurso de mediación, limitado en el tiempo, con el que estas relaciones evolucionan.

El presidente del TSJ de Murcia reconoció que se trata de una materia que «nos sobrepasa en número de asuntos». Así, anunció que, de los tres juzgados que se crean este año, «a pesar de que la necesidad es de 29, dos están dedicados a ser juzgados especializados en materia de familia, lo que da idea del volumen de asuntos y la prioridad que se le da desde el TSJ para una respuesta a un problema que nos preocupa».

Mayoría de peticiones sin acuerdo

Siete de cada diez peticiones de procedimientos de modificación de medidas, guardia, custodia y alimentos de hijos no cuentan con un consenso previo entre el matrimonio. Así, durante el pasado año, los juzgados de toda la Región de familia, mixtos, especializados o de violencia contra la mujer en este ámbito ingresaron 9.760 asuntos, según explicó ayer Miguel Pasqual del Riquelme, con motivo de la firma del protocolo con la consejera de Familia e Igualdad de Oportunidades.

De todos los asuntos, 5.280 fueron de disolución matrimonial y un 55 por ciento contenciosas, «no hubo un acuerdo entre las partes». Son estos los asuntos en los que la Justicia ya no puede resolver y la red de cobertura social de los puntos de encuentro «permite dar una respuesta a la exclusivamente judicial».