25 de mayo de 2018
25.05.2018
Justicia

Los jueces piden al Poder Judicial que estudie la injerencia del Ministerio en la huelga

Denuncian que "altos responsables de Justicia, bajo órdenes verbales y anónimas, se pudieron inmiscuir" en el paro del día 22

25.05.2018 | 16:21
Un momento del paro de jueces y fiscales del pasado día 22 en la Ciudad de la Justicia.

«Altos responsables del Ministerio de Justicia, ocultos bajo órdenes verbales y anónimas, se pudieron inmiscuir de modo ilegal en el ámbito del autogobierno judicial. La intención era minimizar los resultados de la huelga». Es lo que denuncian desde la Junta General de Jueces de Murcia.

Sostienen este extremo porque, en el paro del pasado día 22, «por parte del Ministerio de Justicia, se dieron instrucciones verbales al Secretario de Gobierno para que se incumpliera la petición previa de información sobre suspensiones, dada por el Presidente del TSJ de esta Región», aseguran. Señalan que «los responsables del Ministerio de Justicia se ocultan en órdenes verbales, sin rastro documental alguno y sin asunción de responsabilidad, y con ello someten a los Letrados de la Administración de Justicia a dilemas de obediencia debida, poniendo en riesgo el reconocido prestigio profesional de los mismos».

Los jueces hacen hincapié en que «el Ministerio de Justicia debe dejar de instrumentalizar arbitrariamente al cuerpo de Letrados de la Administración de Justicia». A este respecto, tienen claro que el Consejo General del Poder Judicial (CGPJ) «debe asumir con rotundidad y decisión la defensa frente al Ejecutivo nacional de la autonomía gubernativa y la independencia jurisdiccional de los jueces y magistrados miembros del Poder Judicial».

Según detalla la Asociación Judicial Francisco de Vitoria, el día del paro los presidentes de los Tribunales Superiores de Justicia de España indicaron a los secretarios de gobierno de cada territorio que pidieran a los letrados de la administración de Justicia el número de asuntos suspendidos.

La mayoría de los secretarios respondió, salvo los de Murcia y Madrid, lo que llevó a dictar sendos requerimientos personales «bajo apercibimiento de delito de desobediencia».

Los letrados de la Administración de Justicia de Murcia, los conocidos antiguamente como secretarios judiciales, mostraron su «más firme rechazo a la actuación del TSJ». Aseguran que le dijeron que podía incurrir en desobediencia «por el hecho de cumplir órdenes emanadas de su superior jerárquico».

«Los letrados de la Administración de Justicia somos un cuerpo superior jurídico, de carácter nacional, regido por el principio de legalidad y dependencia jerárquica del Ministerio de Justicia, sin dependencia o subordinación jerárquica al Poder Judicial, y que no puede realizar su actividad en defensa de la legalidad y de los derechos de los ciudadanos si se encuentra bajo presión de incurrir en delito por el cumplimiento de sus funciones», apostillan.

La Asociación Judicial Francisco de Vitoria, Jueces para la Democracia y la Asociación Profesional de la Magistratura agradecieron al presidente del TSJ de Murcia, Miguel Pasqual del Riquelme, «su escrupuloso respeto al ejercicio del derecho de huelga y su interés por reflejar fielmente una realidad que a alguien pudiera no gustar: su masivo seguimiento y la paralización de la actividad en los juzgados».

«Solicitamos de los jueces decanos de la Región de Murcia y del presidente de la Audiencia Provincial la convocatoria de Juntas de Jueces y Magistrados al efecto de pronunciarse expresamente sobre estas cuestiones, al estar en juego el ejercicio de potestades que afectan a la esencia misma de la jurisdicción, evitando eventuales e improcedentes injerencias al poder judicial  en materias tan sensibles, al no facilitarse información imprescindible a los órganos de gobierno de los juzgados y tribunales», destacan las citadas asociaciones.

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