Número de indultados en la Región en los últimos 20 años

Sacar a debate el tema de los indultos hoy en día en España tendrá como respuesta una fuerte reacción social. Tanto si es por quitar o conmutar una pena de cárcel a un condenado por robar alimentos por necesidad, como todos los indultos que se conceden en Semana Santa a determinados presos, por ejemplo los cinco que este año han abandonado la cárcel tras pedir varias cofradías de España la liberación al Gobierno. La respuesta, sea positiva o negativa, siempre es mediática, y más cuando un personaje público pone encima de la mesa el tema de los indultos. En la pasada campaña electoral de Cataluña, el candidato y primer secretario del Partido Socialista Catalán, Miquel Iceta, planteó la posibilidad de indultar a los dirigentes independentistas que pudieran ser condenados por determinados delitos relacionados con el referéndum ilegal en Cataluña el 1 de octubre. Le llovieron críticas y el socialista se defendió alegando que «hay que arriesgar para lograr una reconciliación» entre todos los sectores sociales de Cataluña.

Es por ello que los abogados de la Región sentencian que la presión social y política ha logrado que el número de indultos concedidos a condenados en España y en Murcia baje drásticamente, hasta tal punto que si en el año 2000 en la Región se concedieron 42 indultos, en los últimos tres años el Consejo de Gobierno sólo ha aprobado dos (en el año 2015 y 2017). A nivel estatal, en el 2000, cuando más indultos se concedieron en España, la cifra llegó a los 1.744, mientras que en 2017 sólo fueron 26, el más bajo desde 1996, según los datos recopilados por la Fundación Civio a través del Boletín Oficial del Estado.

«Si el gobierno concediera ahora un indulto a un condenado por blanqueo de dinero o tráfico de drogas (al ser delitos que suenan tan mal y que la opinión pública considera grave), habría una fuerte reacción», explica el abogado penalista Evaristo Llanos, que a lo largo de su carrera como letrado ha logrado tres indultos, dos por sentencias dictadas por juzgados murcianos y otro en Alicante. «Ahora mismo es casi imposible que el Ministerio de Justicia conceda un indulto por prevaricación, cohecho o cualquier otro tipo de delito de corrupción, así como agresiones, abusos o acoso sexual. Haría caer hasta un Gobierno», subraya el abogado.

Y es que precisamente en la Región de Murcia los condenados por delitos de corrupción que han sido indultados por la Justicia han sido 3 desde hace 22 años: Dos por malversación y otro por cohecho. Respecto a delitos contra la libertad sexual, solo un condenado a cuatro años y medio de prisión por tres delitos de agresión sexual en 1994 fue indultado parcialmente, ya que se conmutó «cada una de las penas privativas de libertad impuestas por otra de seis meses de arresto», según reza en el BOE. En total, los indultos aprobados a condenados en la Región ascienden a 263, lo que deja a Murcia en el undécimo puesto de comunidades con mayor número de indultos. De ellos, el 63% han sido concedidos a personas condenadas por delitos contra el patrimonio y orden socioeconómico, entre los que destacan 114 por robo o 35 por defraudaciones.

¿Cómo se conceden?

Un indulto puede solicitarlo al Ministerio de Justicia (ya que el poder judicial no puede decidir sobre este tema porque entra dentro de la esfera política) tanto por el mismo condenado, su abogado o un familiar, a través de un escrito que busca convencer al Gobierno de que, pese a ser justa la sentencia, «puede ser mayor la injusticia que se crea metiendo en prisión a alguien que el hecho en sí de la reparación de la justicia a través de la sanción impuesta», explica el letrado Llanos. Para convencer con argumentos, el letrado y el sentenciado aportan al Ministerio los datos que corroboran que este último no tiene antecedentes penales ni policiales, tiene hijos y un trabajo estable, o personas a su cargo que son dependientes del condenado y que viven de su sueldo. Esta sería, para el abogado penalista, la situación ideal para convencer al Consejo de Gobierno de que aprueben un indulto: «Uno de mis defendidos al que indultaron alegó que su madre, dependiente, vivía del sueldo del hijo, ya que ella sólo recibía una pensión modesta. En otro indulto, contra un condenado en Jumilla por un delito contra la salud pública, se llegó a presentar como argumento a favor ante el Ministerio de Justicia que el Ayuntamiento de Jumilla le concedió su apoyo al ser una persona muy querida en el pueblo».

Por otra parte, también subraya que lo que facilita la concesión de un delito es que entre que el Gobierno dictamina si es posible o no concederlo y el momento en el que se sentenció al condenado, ha podido pasar más de una década, por lo que es en estos casos donde muchas veces alegan que la condena del padre «no tienen por qué pagarla los hijos».

Estrategias judiciales

Los abogados aprovechan esta extinción de la responsabilidad penal como estrategia judicial en muchos casos. Entre ellos, como la mayoría de indultos son parciales, es decir, se retira parte de la condena, el Gobierno determina en muchas ocasiones que el indulto rebaje la pena de cárcel a menos de dos años, por lo que el condenado no entraría en prisión. «Otro motivo, es que mientras se solicita un indulto, solicitamos también al Tribunal sentenciador que hasta que no se resuelva la petición, no entre en la cárcel el condenado. Los abogados sabemos que si la pena es inferior a tres años, normalmente se suspende la entrada en la cárcel».