La Asociación de Librerías de la Región de Murcia (ALRM) no está nada contenta con la recién aprobada Ley de gratuidad de libros de texto de la Comunidad Autónoma. Y es que, los libreros de la Región critican las cantidades asignadas para los libros de los alumnos, y lamentan que debido a esta circunstancia, los docentes empezarán a primar el precio de los manuales frente a la calidad o el proyecto educativo que ofrezcan, ya que los centros educativos deberán abonar la diferencia entre la cantidad máxima estipulada por alumno y el coste real de los libros. «Tendrán que optar por los manuales más competitivos económicamente en detrimento de los proyectos curriculares que consideren más apropiados», apuntaba el presidente de la asociación, Manuel García.

La asociación lamentaba ayer que la nueva ley, aprobada por unanimidad en la Asamblea Regional, «nace abocada al fracaso» ya que «no contenta a nadie» y critican que ha provocado «el caos» en los centros escolares estos días por la premura en la fecha en la que se deben comunicar los cambios en los libros de texto, que se mantendrán durante los próximos cuatro años. Además, no están de acuerdo con que los cambios de libros de texto afecten a 3º y 4º de Educación Primaria, los dos primeros niveles que se podrán beneficiar de esta norma, algo que ha pillado a las editoriales «por sorpresa y en su mayoría sin recursos suficientes para afrontar dicho cambio con las garantías necesarias».

Aseguran que el desarrollo y aprobación de esta nueva ley cayó «como un jarro de agua fría en el sector» porque las librerías se van a quedar fuera del mercado cuando las editoriales se hagan cargo de los pedidos de libros, en vez de los comercios tradicionales. La ALRM se pregunta por qué no se ha consultado con los sectores implicados en la aplicación de esta nueva ley y auguran el final de las librerías. Así, desde la asociación apuestan por seguir un sistema similar al de la vecina Andalucía, con el formato 'cheque libro' a nombre del alumno, que puede elegir la librería donde adquirir sus libros de texto.

En respuesta al comunicado emitido por la asociación, fuentes de la Consejería de Educación aseguraron ayer a esta Redacción que las instrucciones que ha trasladado la cartera que dirige Adela Martínez-Cachá a los centros derivan de la Ley aprobada por unanimidad en la Asamblea y subrayaron que se han enviado «con tiempo para que los centros se puedan organizar». Así, recordaron que la aplicación de la norma será progresiva a lo largo de los próximos cuatro años, al igual que el presupuesto a invertir.

Las librerías, presa fácil

La asociación subrayaba en un comunicado que el sector es «presa fácil» ya que no suelen manifestarse «ni cortamos carreteras» pero, lamentaban, en muchas localidades de la Región «apenas queda una librería». Incidían también en la función de difusores de la cultura de este tipo de establecimientos. «Si una librería cierra, difícilmente volverá a abrir otra en su lugar, somos pequeños comercios pero también focos de cultura repartidos por todos los pueblos de la Región, aportamos nuestro granito de arena en el desarrollo cultural de esta tierra», finalizaba el presidente de la ALRM.