Las denuncias por agresiones sexuales se disparan después de la sentencia de La Manada

Apenas unos días después de hacerse pública la resolución judicial, una mujer se presentaba en el cuartel de la Benemérita de Los Alcázares para denunciar que su hija, de 15 años, estaba siendo víctima de abusos sexuales. El responsable, un joven de 24 años al que conocían. Presuntamente, se aprovechaba de la pequeña discapacidad psíquica de la víctima para mantener relaciones con ella. Relaciones que el chico, cuando fue detenido, insistió en que eran consentidas. Aun en el caso de que lo fuesen: sigue siendo delito, al tener la víctima menos de 16 años, la edad legal para tener sexo consentido.

Horas después, una adolescente, también de 15 años, se escapaba de su domicilio. Tras la huida voluntaria había una historia. Cuando fue localizada, la menor acabó confesando a los investigadores que la atendieron que quería desaparecer de su casa porque su propio padre se estaba sobrepasando con ella y la había llegado a forzar en, al menos, cuatro ocasiones. Al poco, el hombre, de 45 años de edad, era localizado y detenido en Águilas.

No es que antes no llegasen denuncias por abusos o violaciones: es que en los últimos días llegan más. Juristas y psicólogos consultados por este periódico coinciden en considerar que, tras la escandalosa sentencia y el clamor feminista que se ha vivido en España, muchas chicas «son conscientes» de que lo que les ha pasado a ellas también es una agresión sexual. De ahí que se animen a denunciarlo, aunque «también hay otra corriente, que es la de pensar que la Policía, y al final los jueces, no pueden hacer nada por ellas. Y eso no es cierto», apuntan las mismas fuentes.

A juicio de Samuel Rodríguez, doctor en Derecho Penal y Criminología de la Universidad de Murcia, la de La Manada «técnicamente es una sentencia correcta en tanto la interpretación que sigue está sólidamente argumentada sobre los hechos probados, ya que no puede aplicar un elemento delictivo (intimidación) si no se ha logrado acreditar su concurrencia en tales hechos a través de una amenaza efectiva, siendo ello necesario e imprescindible (así lo exige la jurisprudencia del Tribunal Supremo) para poder castigar a los autores por agresión sexual».

«Si hubiera apreciado una intimidación (que no fue probada ante la inexistencia de una amenaza efectiva por parte de siquiera uno de los condenados), a la agresión sexual con acceso carnal le hubiera correspondido una pena de prisión de seis a doce años, aunque bien es cierto que se podría haber incrementado a prisión de doce a quince años por haber sido realizados los hechos por la actuación conjunta de dos o más personas», destaca el porfesor de la UMU.

Víctimas valientes

Gloria Alarcón, presidenta del Fórum de Política Feminista de Murcia, celebra que aumenten las denuncias, que cada vez más mujeres lo cuenten, y recuerda que los jueces «no son dioses», sino «personas que a veces también se equivocan». «En todos los países del mundo se critican las sentencias y no pasa nada», dice.

Alarcón, doctora en Derecho, tiene claro que el problema es que a las mujeres «nos han educado a decir que sí a los hombres». «El patriarcado funciona porque ellos mandan y nosotras obedecemos. La estructura machista está articulada en torno al hombre, que decide sobre él y sobre nosotras. Y nosotras aceptamos, porque estamos educadas para ser sumisas y dependientes. Es esa relación la que se tiene que romper», indica.

Así, habrá un cambio «cuando ellos vean que no decimos a todo que sí, que decimos que no y ellos se tienen que aguantar». «No es no con todo: con no hacerle un café si no te apetece o no adelgazar si tú no quieres», espeta.