La Región de Murcia se integra dentro del llamado eje de la pobreza energética en España, en el que ocupa el tercer lugar, solo detrás de Castilla -La Mancha y Andalucía, según el cuarto informe sobre este problema elaborado por la Asociación de Ciencias Ambientales (ACA). Este año, la Región sube un puesto en el ranking, ya que el año pasado ocupaba la cuarta posición, tras Andalucía, Castilla -La Mancha y Extremadura. Así, en 2016, para uno de cada cinco habitantes de la Región (293.000 personas) era un lujo calentar su casa en invierno.

La Organización Mundial de la Salud (OMS) fija la temperatura de confort en el hogar entre los 18º y los 21º C. En 2014, calentar la casa hasta llegar a dicho umbral estaba fuera del alcance del 18% de la población de la Región, lo que se traduce en unas 265.000 personas, mientras en 2016 ascendía hasta afectar al 20%, una quinta parte de la población.

Otro indicador de pobreza energética a tener en cuenta y que recoge el informe es el porcentaje de población que, en el último año, debido a sus dificultades económicas, ha dejado de disponer de alguna de sus fuentes habituales de energía. Esta desconexión incluye tanto cortes de suministro forzados, como resultado de impago de facturas, como el cese de uso voluntario, por ejemplo, cuando un hogar vulnerable da de baja su contrato del gas natural o deja de comprar bombonas de butano. En esta situación se encuentra el 2 % de los españoles, mismo porcentaje que en la Región, lo que supone unas 29.300 personas.

Además, un 9 por ciento del total de hogares murcianos se han retrasado en el pago de recibos de la vivienda, ya sean agua, gas, calefacción, electricidad, o comunidad de vecinos, lo que afecta a unas 131.850 personas. Este indicador está en la media estatal y, además, disminuye un 2 por ciento con respecto a 2014, cuando se situó en el 11 por ciento. En 2016, el 15% de la población residente en España, 6,8 millones de personas, estaría sufriendo temperaturas inadecuadas en la vivienda, retraso en el pago de recibos, o ambos.

De estas, destacan los 2,8 millones de personas que declararon tener dos o más retrasos en el pago de recibos en los últimos 12 meses (el 6 por ciento de la población).

El año 2016 también fue el primero en el que se evaluaron cuántos de los hogares que se declararon incapaces de mantener su vivienda a una temperatura adecuada se vieron obligados a dejar de disponer de alguna de sus fuentes habituales de energía.

Así, el 2 por ciento de la población española, cerca de 900.000 personas, sufrió en 2016 algún tipo de desconexión de suministro energético en su hogar. Se trataría, por tanto, de un sector de población con un alto nivel de vulnerabilidad.

Las autonomías con mayor proporción de población vulnerable ante la pobreza energética son, por orden de mayor a menor afección, Castilla-La Mancha, Andalucía, Región de Murcia y Comunidad Valenciana.

Según el estudio, la desagregación de indicadores principales por territorios indica que las cuatro Comunidades Autónomas con mayor grado de afección en 2016 son regiones con climas más cálidos que el promedio del país, al contrario de las cuatro regiones mejor situadas (País Vasco, Castilla y León, Aragón y Madrid), por lo que el estudio concluye que «los factores no climáticos son más determinantes para explicar los resultados autonómicos o que la influencia que ejercen los factores climáticos es la contraria a la que se esperaría, haciendo por ejemplo que las prácticas constructivas y la calidad de la edificación (mejores niveles de aislamiento, sistemas de calefacción preinstalados, etc.) sean mejores en las zonas más frías del país, precisamente porque existe una mayor necesidad de que las viviendas estén preparadas para el invierno».

Además, el análisis por condiciones socio-demográficas del hogar del informe confirma «ciertos patrones de vulnerabilidad detectados previamente y relacionados con el nivel educativo, la situación laboral, el tipo de contrato, el estado civil o el país de origen, la presencia de personas con mala salud y enfermos crónicos o la percepción de ayudas sociales». A su vez, señala que la crisis económica de la última década no sólo ha aumentado la pobreza energética en general, sino que también ha incrementado las desigualdades.

Finalmente, la ACA interpela a las Administraciones públicas y, especialmente, al Gobierno central, a trabajar «de forma conjunta» con otros actores para la definición de metodologías de medición de la pobreza energética por medio de indicadores.

Entre las recomendaciones que apunta el texto, se hace referencia a la necesidad de priorizar enfoques estructurales combinando medidas paliativas contra la pobreza energética, avanzar hacia un bono social energético que considere de forma integral el problema o desarrollar políticas de mejora de la edificación como estrategia de adaptación al cambio climático y como forma de prevención de la vulnerabilidad energética de los hogares, entre otras.