El Gobierno de Castilla-La Mancha está estudiando personarse en el caso de que haya un litigio jurídico en relación al presunto fraude de 600 millones de euros en la desaladora de Escombreras, en Cartagena.
Así lo ha adelantado el portavoz del Gobierno regional, Nacho Hernando, a preguntas de los periodistas, aunque también ha reconocido que, de momento, la información que maneja el Ejecutivo castellanomanchego sobre este asunto es la que ha aparecido en los medios de comunicación.
Hernando ha considerado que «se abrirá en España algún tipo de proceso jurídico» en torno a este asunto, en cuyo caso «la Junta está estudiando poder personarse».
No obstante, si no se produjera ningún litigio y puesto que el Gobierno regional está investigando las causas del posible fraude y analizando la documentación sobre este asunto, el portavoz ha indicado que el Ejecutivo quiere conocer si podría iniciar una demanda judicial.
Al margen del ámbito judicial, Hernando ha incidido en que al Gobierno manchego le compete el ámbito político y en este sentido ha remarcado que la finalidad es «usar este ejemplo para demostrar que las desaladoras tienen que ser una herramienta útil y sobre todo limpia».
Por otra parte, a preguntas sobre la posibilidad de que se amplíe la cantidad a trasvasar a la cuenca del Segura, el portavoz del Ejecutivo regional ha avanzado que «a partir del día 3 de mayo hay una nefasta pero gran probabilidad de que el Ministerio aumente de 20 a 38 hectómetros cúbicos el trasvase al Levante».
