La oposición salió ayer en tromba a criticar al PP por la gestión de la desaladora de Escombreras, que en su momento fue chequeada en una comisión de investigación en la Asamblea Regional y que concluyó que el proceso estaba lleno de supuestas irregularidades. Ciudadanos advirtió al presidente del Gobierno murciano, Fernando López Miras, que este asunto «puede acabar con un nuevo imputado sentado en el Consejo de Gobierno». El portavoz regional, Miguel Sánchez, dijo que «nos preocupa especialmente el hecho de que nuestro hoy consejero de Hacienda, Fernando de la Cierva, fuera en el momento en el que tuvieron lugar dichas maniobras miembro del Consejo de Gobierno como consejero de Presidencia y portavoz», máxime «teniendo en cuenta que la Fiscalía no descarta ampliar la nómina de imputaciones».
Añadió que el quebranto económico «es comparable a los Eres de Andalucía, ya que estamos hablando de 600 millones». Por su parte, el portavoz del PSOE, Francisco Lucas, incidió en que «detrás del ´Agua para todos´ se escondía otro caso de corrupción. Esto demuestra que el PP ha hecho negocio con el agua, que no le importan las necesidades hídricas de la Región de Murcia, y que su única intención es beneficiarse económicamente». Mientras, el portavoz parlamentario y secretario regional de Podemos, Óscar Urralburu, subrayó que la desaladora de Escombreras fue un «regalo de 600 millones de dinero público del ex presidente del Gobierno murciano, Ramón Luis Valcárcel, a una constructora amiga».
A estas acusaciones respondió la portavoz del PP, Nuria Fuentes, quien dijo que «en el PP del presidente López Miras jamás habrá un consejero imputado por la desaladora de Escombreras» y pidió a Cs la misma ejemplaridad con «la trama socialista de la desaladora de Águilas, así como ante el presunto tráfico de influencias de la concejala de Podemos en el Ayuntamiento de Murcia, Moreno Micol».
