El informe de la Policía Nacional y las conclusiones de la Comisión de Investigación de la Asamblea Regional de Murcia sobre la Desalinizadora de Escombreras coinciden, según el PSOE y Cs, en que hubo una trama entre el Gobierno autonómico, empresarios y abogados para amañar el contrato de esa planta.
Ambos partidos han remarcado hoy que el informe remitido por la Unidad de Delincuencia Económica y Fiscal (UDEF) el pasado enero a la titular del Juzgado de Instrucción número 5 de Murcia que lo investiga denuncia el acuerdo de los implicados, algunos de ellos imputados por la jueza, para adjudicar el proyecto y cargar las deudas generadas a la administración autonómica.
La instructora quiere aclarar si los investigados causaron perjuicio a las arcas regionales al convertir un proyecto privado para construir la planta en otro sustentado por el Gobierno murciano con la creación del Ente Público del Agua (EPA) y sorteando las leyes de Aguas y de Contratos del Sector Público.
Según publica hoy el diario digital El Confidencial, la UDEF sostiene que ACS y el Gobierno regional se habrían concertado para licitar la instalación al margen de esa segunda norma.
La jueza ve indicios de la presunta comisión de delitos de fraude y societarios, malversación y fraude de subvenciones en la gestión y explotación de la desalinizadora, que comenzó siendo un proyecto privado puesto en marcha por cinco empresarios murcianos con el nombre de Hidromanagement como firma.
La investigación quiere esclarecer si el Gobierno había decidido previamente asumir el proyecto privado y adjudicarlo sin publicidad a empresas del Grupo ACS, para lo que firmaron un contrato en 2006.
Según el fiscal, el objetivo sería burlar la Ley de Aguas, que exigía que los planes urbanísticos garantizaran el abastecimiento de agua con informe favorable de la Confederación Hidrográfica del Segura, que por entonces rechazaba sistemáticamente estas peticiones por la escasez estructural de recursos hídricos en la cuenca.
El EPA fue el que emitió esos informes favorables a 26 proyectos que pretendían construir 180 millones de metros cuadrados.
Una de cuyas cláusulas del contrato estipulaba que el Gobierno debería abonar el importe total de la construcción, alquiler y explotación de la planta por 25 años en caso de resolución anticipada del contrato, con lo que el global ascendería a 600 millones de euros.
PSOE: El Gobierno regional es "cómplice" al permanecer "impasible"
PSOE: El Gobierno regional es "cómplice" al permanecer "impasible"En un comunicado, el portavoz del PSOE, Francisco Lucas, ha dicho que detrás del lema del PP 'Agua para todos' "se escondía otro caso de corrupción", en alusión al documento policial que indica que en la tramitación del proyecto hubo contratos falsos, facturas simuladas, informes jurídicos fabricados e irregularidades contables.
Lucas ha apuntado que el actual Gobierno regional es "cómplice" de esta "trama" al permanecer "impasible", "defender lo indefendible ante el mayor escándalo de corrupción de las últimas décadas" y no haber "colaborado con la justicia" para aclarar los hechos.
Cs: "Clara responsabilidad" de Ramón Luis Valcárcel y Antonio Cerdá
Cs: "Clara responsabilidad" de Ramón Luis Valcárcel y Antonio CerdáEl portavoz regional de Ciudadanos, Miguel Sánchez, ha subrayado que la investigación de la UDEF "confirma" lo que plasmó en las conclusiones la comisión de investigación que presidió en el Parlamento murciano.
El portavoz naranja ha detallado que el documento final de la comisión advertía del "ruinoso negocio" de la desalinizadora y de que se "sorteó la legalidad vigente".
Apuntaba a una "clara responsabilidad" del expresidente murciano Ramón Luis Valcárcel y del exconsejero de Agricultura Antonio Cerdá, ha añadido.
Sánchez se ha mostrado preocupado por el hecho de que el recién nombrado consejero de Hacienda y Administraciones Públicas, Fernando de la Cierva, fuera miembro del Consejo de Gobierno en el momento en el que tuvieron lugar las "maniobras concienzudamente pensadas entre todos los intervinientes", puesto que la fiscalía "no descarta ampliar la nómina de imputaciones" en ese caso.
Podemos: "Un regalo de 600 millones de Valcárcel a una constructora amiga"
Podemos: "Un regalo de 600 millones de Valcárcel a una constructora amiga"El portavoz parlamentario y secretario general de Podemos Región de Murcia, Óscar Urralburu, ha lamentado que la desaladora de Escombreras fue un "regalo de 600 millones de dinero público del ex presidente del Gobierno murciano, Ramón Luis Valcárcel, a una constructora amiga", según informaron fuentes de la formación morada en un comunicado.
En este sentido, ha señalado que el Partido Popular hizo con la desaladora de Escombreras "lo que mejor se le da: regalar dinero de todos los murcianos y murcianas a sus amiguetes", pero "con el añadido de que engañaron a toda la Región en general y a los agricultores en particular, al decir que era para solucionar los problemas del campo".
"Una mentira tras otra por la que esperemos que paguen sus responsables", según Urralburu, quien ha asegurado que "nos encontramos otra vez con la vergüenza de Escombreras en la Fiscalía".
