Mayor cobertura con ayudas económicas o una mejor coordinación entre las entidades sociales y la Administración. Las asociaciones de familias de la Región han comenzado a aportar sus ideas para dar forma a la nueva Ley de Protección Integral de la Familia que ha empezado a tramitar el Gobierno regional y que ahora mismo se encuentra en fase de consultas previas en el Portal de Transparencia de la Comunidad. Mejorar el apoyo integral a todos los miembros, con indiferencia de su edad, sexo o posible discapacidad, y que todos los servicios de atención a las familias que prestan estas asociaciones estén cubiertos como servicio público mediante subvenciones son algunas pinceladas que ya están señalando las entidades sociales por petición de la Consejería de Familia.

Dicho departamento ha comenzado a movilizar la elaboración de este anteproyecto de ley después de que el presidente Fernando López Miras anunciara su elaboración durante el XVII Congreso Autonómico del Partido Popular en Murcia. Familia busca de esta manera «cubrir el vacío normativo existente, ya que no existe en la Región una norma propia al respecto, para reconocer de pleno derecho algunas situaciones familiares que se generan tras los cambios sociales actuales» que les afectan.

Aunque la ley se encuentra «muy verde», según reconocen desde la consejería, si señalan que el objetivo sería establecer en el ámbito de la Región un marco jurídico de protección y apoyo «que permita a su vez la ordenación del Sistema de Atención a la Familia y Protección de la Maternidad».

El apoyo a las familias de especial consideración será otra línea de trabajo que perseguirá la futura ley, como son las familias numerosas, las familias monoparentales y aquellas que se encuentren en riesgo de exclusión social, ya que estas familias «presentan necesidades especiales que las deja en situación de especial vulnerabilidad», explica Familia.

Algunas de las asociaciones consultadas por esta redacción, como la Asociación de Padres de Niños con problemas de Audición y Lenguaje (ASPANPAL), señala que es necesario que la ley contemple un apoyo social y económico a la familia, desde que se detecta durante un embarazo la discapacidad de una persona hasta más allá de los seis años:

«Pedimos que la atención a las familias con personas discapacitadas a su cargo, en todas las franjas de edad, esté cubierta como servicio público y tenga carácter indefinido». En la misma línea va la Asociación Regional De Familias Numerosas a la hora de pedir ayudas para libros, guarderías y comedor, pero también subrayan la renta familiar estandarizada como un beneficio para aquellas familias que se encuentran con la limitación de los ingresos que perciben a la hora de pedir ayudas, ya que, aunque sea numerosa, no se tiene en cuenta y no pueden acceder a subvenciones, ya que no existe una renta familiar per cápita.

Desde Columbares se centran más en la coordinación entre administraciones y las entidades para mejorar las políticas de viviendas, educativas o servicios sociales que afectan a las familias en riesgo de exclusión social. «La opción de pasar de subvenciones a convenios con las asociaciones para cubrir los gastos indirectos es también algo que vamos a pedir, para que todas las asociaciones puedan sobrevivir».