Uno de los asuntos que trae de cabeza a los fiscales de la Región es el sistema de plazos máximos para realizar la instrucción establecido en la reforma de la Ley de Enjuiciamiento Criminal. De hecho, unos de los causos judiciales que ha sido noticia estos días, el caso Pasarelas, que afecta al expresidente Pedro Antonio Sánchez, fue archivado en una primera instancia porque pasaron seis meses sin que se practicara ninguna diligencia. La Audiencia Provincial ordenó posteriormente reabrir la causa, por la que ahora Sánchez ha sido procesado. Por tanto, una de las reivindicaciones que reclaman los fiscales en toda España y en las que insistió en Murcia el fiscal anticorrupción, Juan Pablo Lozano, fue la derogación de este sistema de plazos «al menos mientras no se dote de medios necesarios» para poder cumplirlos.
De igual manera, los fiscales reclaman la paralización de la implantación de la justicia digial en tanto no se garantice el correcto funcionamiento de los programas y equipos, así como autonomí presupuestaria para el Ministerio Público.
