La rama murciana del caso Pokemon, que investiga las supuestas dádivas entregadas a un grupo de concejales en Murcia, Cartagena y Lorca por Hidrogea, la empresa que se encarga del servicio del agua en la gran mayoría de municipios de la Región, ha sufrido un duro revés.
La Audiencia Provincial de Lugo ha dictado una serie de autos judiciales que desautorizan que la titular del Juzgado de Instrucción Número Uno de la ciudad gallega, la cartagenera Pilar de Lara, llevaba meses realizando sobre las relaciones entre los cargos políticos de la Región y estos empresarios, principalmente los presuntos viajes que cuatro exconcejales de Cartagena y la exalcaldesa Pilar Barreiro, así como el que fuera teniente de alcalde de Murcia Joaquín Moya Angeler, habrían realizado a distintas ciudades del mundo a cuenta de esta mercantil.
La Audiencia Provincial de Lugo estima que «no es posible esgrimir una investigación global sobre el Grupo Agbar (matriz de Hidrogea) para estimar que la competencia se extienda a todo el territorio español en donde opere este entramado empresarial o alguna de sus filiares», aunque añade también que «esto no supone que no hayan de investigarse» las supuestas irregularidades, «sino que ha de hacerse en el Juzgado al que corresponda territorialmente». En el caso de las investigaciones en Murcia, Cartagena y Lorca, el tribunal considera que las diligencias de la rama Pokemon deben dirigirse a juzgados de la Región o a la Audiencia Nacional.
La primera consecuencia de la decisión de la Audiencia Provincial de Lugo es que se suspenderá la toma de declaración, en calidad de investigados y prevista para el 7 de mayo, de algunos exconcejales de Cartagena como Agustín Guillén, María Ángeles Palacios (quien también fue consejera de Sanidad de la Comunidad en los Gobiernos de Valcárcel), José Cabezos y José Vicente Albaladejo. Ninguno de ellos continúa en la actual Corporación municipal. También estaban citados otros directivos de la empresa Hidrogea y funcionarios del Ayuntamiento de Cartagena. Según la investigación que estaba realizando la jueza De Lara, estos habrían participado, junto a la exalcaldesa Pilar Barreiro, hoy senadora del Partido Popular por la Región de Murcia, en estos supuestos viajes de placer por distintas ciudades de Europa y América, entre ellas Nueva York, con los gastos pagados por la empresa que gestiona el agua. Este juzgado no era competente para investigar a Barreiro, pues su condición de aforada hace que solo pueda prestar declaración en el Tribunal Supremo.
También habría participado en viajes de placer, invitado por la empresa de aguas, el exconcejal popular en el Ayuntamiento de Murcia Joaquín Moya Angeler, a quien un informe de la Agencia Tributaria acusa de haber realizado un viaje a gastos pagados a Barcelona, incluso con una entrada para asistir a un partido de fútbol entre el Fútbol Club Barcelona y el Real Madrid en el estadio Camp Nou.
Además, los autos de los magistrados lucenses hacen duras críticas a la instrucción llevada a cabo por la juez De Lara. Consideran que las diligencias realizadas «no se estiman proporcionales a la luz de la doctrina consolidada del Tribunal Constitucional relativa a las investigaciones generalizadas», pues entienden que el ámbito de la investigación judicial «no puede alcanzar genéricamente a todas las actividades del impugnado, sino que ha de precisarse qué concretos actos quedan sujetos a la instrucción judicial».
«Una instrucción generalizada destruye el necesario equilibrio que debe mantener la instrucción de una causa penal, máxime cuando se lleva a cabo tras un pronunciamiento de inhibición y se refiere a hechos no investigados sobre los que habría que hacerse un pronunciamiento previo de conexidad», continúa la Audiencia Provincial de Lugo, que aboga por evitar «el automatismo de la acumulación de causas y la elefantiasis procesal que se pone de manifiesto en los denominados macroprocesos».
Por tanto, la juez Pilar de Lara solo podrá investigar lo relacionado con las comunidades autónomas de Galicia y Asturias. Ahora tendrá que remitir las actuaciones relacionadas con la Región a los juzgados correspondientes de Murcia, Cartagena y Lorca.
En el caso Pokemon se habían personado los Ayuntamientos de Murcia y Cartagena, así como el partido político Podemos.
