La investigación judicial sobre la desaladora de Escombreras, denominada caso 'La Sal' en los informes policiales, incluye al menos a ocho socios, directivos y representantes legales de las sociedades del grupo ACS que firmaron los contratos con la Comunidad, además del que fue letrado y secretario general de la empresa pública que tiene el contrato de la planta, Andrés Santiago Arnaldos. A la lista de representantes de las compañías que van a ser citados a declarar como investigados (anteriormente imputados) se suman el exconsejero de Agricultura Antonio Cerdá y los exgerentes del desaparecido Ente Público del Agua Amalio Garrido y José Manuel Ferrer. Entre los socios murcianos que figuran en la lista de imputados aparece Miguel Caballero, un exalto cargo de la Comunidad relacionado hace casi 30 años con la compra de la finca Casa Grande de La Aljorra destinada a la planta de General Electric, que llevó al expresidente Carlos Collado a los tribunales.
La titular del Juzgado de Instrucción número 5 de Murcia, María del Mar Azuar, ha levantado el secreto del sumario que ordenó hace un par de años sobre las diligencias abiertas a raíz de la querella presentada entonces por el fiscal de Delitos Urbanísticos y contra el Medio Ambiente, José Luis Díaz Manzanera, actual jefe de la Fiscalía. La juez ha dictado un auto en el que amplía también la relación de delitos que podrían ser imputados a los socios de Hydro Management, propietarios de la planta, y a los máximos responsables del Ente Público del Agua creado por la consejería de Antonio Cerdá y presidido por él, que firmó los contratos con ACS.
Además de «fraude, malversación y falsedad en documentos públicos, fraude de subvenciones, delito societario e insolvencias punibles», los registros y las investigaciones realizadas revelan indicios de que la desaladora fue creada por un grupo de socios murcianos y por dos filiales de ACS con «el propósito inicial de transformarla en una empresa pública», dentro de «un proyecto preconcebido» para sortear la normativa sobre contratos públicos, que habría contado «desde el principio con la connivencia activa y preconcebida de al menos los responsables públicos que participaron en su desarrollo».
En la relación de imputados figuran los socios Hydro Management Miguel Caballero, Juan Jódar, José Carvajal, Tomás Bouchert, Juan Martínez y el representante legal de la empresa. También serán citados Alfonso Aguirre Díaz Guardamino y Eugenio Llorente, representantes legales de Cobra Instalaciones y de Cobra Concesiones, respectivamente. La juez reclama a la Comunidad la documentación sobre los contratos de la planta y sobre la contratación de los bufetes Ariño, Cuatrecasas y Andrés Santiago Arnaldos como asesores externos.
