El expresidente de la Comunidad Pedro Antonio Sánchez reapareció ayer para declarar en el Juzgado de Instrucción Número Tres de Lorca, en calidad de investigado, por una nueva causa judicial que tiene abierta, el caso Pasarelas, donde se indaga sobre las obras realizadas para rehabilitar varias pasarelas sobre la rambla de Nogalte de Puerto Lumbreras, proyectos que fueron encargados al arquitecto Marín Lejárraga, el mismo que hizo el teatro auditorio de dicho municipio, quien también tuvo que comparecer ante el juez Antonio Morente.
Según fuentes de la investigación, el expresidente Pedro Antonio Sánchez declaró ante el juez que, como alcalde, tenía plena confianza en los funcionarios municipales. Y, por tanto, todas las decisiones que adoptó respecto a la contratación de las pasarelas de la rambla de Nogalte contaron con los informes técnicos favorables. La investigación trata de dirimir si el expresidente regional fraccionó el proyecto en varios contratos, con el fin de saltarse la legislación estatal y evitar sacarlos a concurso público. De esta forma, podría adjudicárselos a Martín Lejárraga, con quien en esos años, 2006 y 2007, se había convertido en su arquitecto de referencia a la hora de llevar a cabo los proyectos que quería ejecutar en Puerto Lumbreras.
Lo de escudarse en los informes técnicos suele ser una táctica habitual de la defensa judicial de los políticos que son investigados por supuestas irregularidades en obras públicas. Pedro Antonio Sánchez ya esgrimió los mismos argumentos durante su comparecencia en el TSJ, siendo todavía presidente de la Comunidad, por el caso Auditorio.
En el interrogatorio, que duró aproximadamente una hora y veinte minutos, Pedro Antonio Sánchez estrenó nueva defensa, pues ya no está representado por el decano del Colegio de Abogados de Murcia, Francisco Martínez-Escribano, sino por el despacho de José Antonio Choclán Montalvo, que llevó la defensa del cerebro del caso Gürtel, Francisco Correa, y de personajes famosos como el futbolista del Real Madrid Cristiano Ronaldo. No asistió Choclán, sino otro miembro de su gabinete jurídico, Javier Velasco. El fiscal que participó en la toma de declaración fue Juan Pablo Lozano, mientras que también estuvo el representante de la acusación particular, ejercida por Podemos.
Por su parte, Martín Lejárraga aportó una serie de documentos técnicos al juzgado, cuyo contenido no ha transcendido.
El titular del Juzgado de Instrucción Número Tres de Lorca ha dado ahora un nuevo plazo a las partes, que tienen hasta el 2 de abril para solicitar que se practiquen nuevas diligencias. En el caso de que no se pidan nuevas pruebas, el juez pedirá a las partes que se pronuncien sobre si procede archivar el caso o proceder a la apertura de juicio oral.
El caso Pasarelas es el tercer procedimiento judicial que tiene abierto Pedro Antonio Sánchez, junto con los casos Auditorio y Púnica, que le costaron la presidencia de la Región hace un año.
