El Gobierno central se está planteando incluir la subida de los impuestos del gasoil y de la gasolina en el nuevo modelo de financiación autonómica que está negociando con las comunidades autónomas. La pretensión del Ministerio de Hacienda, que sería trasladar a las autonomías la revisión de los impuestos medioambientales exigida por Bruselas para los combustibles fósiles, ha alarmado a los pequeños transportistas, que ayer alertaban sobre el impacto que tendría esta medida en las exportaciones, dado que la mayor parte de los productos que las empresas de la Región y del resto de España venden en los demás países de Europa salen por carretera.
El Impuesto de Hidrocarburos es uno de los tributos compartidos entre el Estado y las comunidades autónomas que forman parte de la cesta de la recaudación sobre la que se sustenta la financiación autonómica. El Estado transfiere a las autonomías el 58% de la recaudación de este tributo, que en 2017 ha aportado a las arcas regionales 325 millones, según los datos facilitados por la Consejería de Hacienda.
El Departamento de Andrés Carrillo apuntaba ayer que el Ministerio de Hacienda aún no ha planteado oficialmente a las comunidades la subida del Impuesto de Hidrocarburos, que «se deberá analizar en las negociaciones del Comité Técnico Permanente de Evaluación».
La pretensión del Gobierno de Mariano Rajoy es cumplir las exigencias de Bruselas que ha venido eludiendo en los últimos años y encarecer la fiscalidad de los carburantes que más contaminan con la finalidad de eludir posibles sanciones de la UE. Aunque la mayor parte del precio de los carburantes corresponde a los distintos impuestos que gravan estos productos, la Administración europea acusa a España de no penalizar suficientemente el consumo de los combustibles más contaminantes.
Según la información adelantada ayer por Fenadismer, «el Gobierno de Rajoy estaría barajando una importante subida en el Impuesto de Hidrocarburos, que afectaría tanto al gasóleo como a la gasolina, aprovechando la contención del precio internacional del crudo en el último año, así como la necesidad de mejorar la recaudación de las comunidades para poder cubrir sus necesidades de financiación».
Sin embargo, a juicio de los transportistas, esta medida podría no producir el efecto perseguido, ya que repercutiría «muy negativamente en las exportaciones españolas, teniendo en cuenta que el destino principal de las mercancías españolas son los países de la UE».
La Región es una de las comunidades que tiene la mayor flota de camiones dedicada al transporte por carretera, con casi 8.000 empresas, que acusarían de forma directa el encarecimiento del gasoil en sus balances. Murcia posee, además, la mayor flota de camiones frigoríficos de toda España.
En caso de que la revisión del Impuesto de Hidrocarburos sea inevitable, Fenadismer anuncia que «va a exigir que la subida de este tributo no se aplique al sector del transporte por carretera, a través del mecanismo de devolución del gasóleo profesional, aunque lamentablemente esto paliaría sólo parcialmente su impacto económico, ya que a dicho régimen de devolución sólo pueden acogerse los vehículos de transporte de mayor tamaño». La organización precisa que «están excluidos de esta devolución los camiones de menos de 7,5 toneladas, lo que representa en torno al 30% de la flota española, los cuales sufrirían directamente esta subida».
