07 de marzo de 2018
07.03.2018
Tribunales

El juicio de Valeo, pendiente de un hilo

Los antiguos trabajadores confían en que la Sala ignore los intentos de los acusados y no suspenda la vista, que comenzaba ayer

09.03.2018 | 00:16
El juicio de Valeo, pendiente de un hilo

Solo tres de los diez imputados comparecen en la primera sesión celebrada tras 21 años de proceso legal

Los antiguos trabajadores de Valeo aguardan la decisión de la Sección Segunda de la Audiencia Provincial, que hoy anunciará si acepta la suspensión del juicio solicitada por los imputados en la supuesta venta fraudulenta de la factoría en 1994 o sigue adelante con la vista iniciada ayer. Solo tres de los diez antiguos directivos de la multinacional francesa y de la empresa que adquirió la planta de Murcia se presentaron ayer al juicio por un delito contra los derechos de los trabajadores en relación con un alzamiento de bienes, mientras que otro, de 86 años, aducía una artrosis que le impide viajar.

El fiscal pide tres años de cárcel para cada uno de los imputados y 7,9 millones de euros en concepto de responsabilidad civil. Algunos de los antiguos trabajadores de Valeo, que mantuvieron una huelga de 192 días tras la venta de la factoría y han alentado el proceso judicial desde hace 21 años, abandonaban la sala ayer musitando sus lamentaciones entre dientes. Aunque la mayoría se había concentrado en el Palacio de Justicia desde primeras horas de la mañana, solo parte de ellos pudo asistir al juicio al ser testigos que deberán prestar declaración.

Cuatro de los acusados han fallecido y otro exdirectivo de Valeo en Francia, Nöel Goutard, que tiene 86 años, aportó un informe forense para alegar que padece artrosis y no puede viajar hasta Murcia. A los dos restantes se les considera prácticamente excluidos de la causa porque desde hace diez años no reciben las notificaciones del proceso, lo que ha dado lugar a la prescripción de las acusaciones contra ellos, dado que la Justicia francesa no ha atendido las peticiones rogatorias remitidas desde España.

El abogado de los trabajadores de Valeo, Carlos Castillo, y el fiscal, Juan José Martínez Munuera, aceptaban la prescripción, pero los letrados de los demás acusados pidieron la suspensión de la vista, aduciendo que sus defendidos se encontrarían en una situación de indefensión y que el juicio podría ser nulo. Las defensas sostienen que al estar acusados los imputados de «maquinación colectiva» no pueden responder aisladamente. Apuntaron que el testimonio de Gotard es «indispensable» y plantearon que existen «medios técnicos» para recabarlo, lo que llevó al letrado de los trabajadores a apuntar que los defensores parecían actuar como «acusación».

La Sala, que preside Francisco Navarro, suspendió la vista ayer hacia las 11.30 para estudiar las solicitudes de suspensión.También ha decidido encargar un informe a un forense español sobre las dolencias del acusado que ha alegado problemas de salud para no presentarse. Los magistrados tratan de averiguar si su estado puede mejorar en el futuro y no descartan la posiblidad de que declare por videoconferencia en el caso de que, finalmente, no pueda desplazarse.

Los procesados que debían sentarse en el banquillo eran directivos de la multinacional francesa en Madrid y en París y los socios de la empresa Metalúrgica del Sureste que supuestamente simularon la operación para evitar que la compañía tuviera que hacerse cargo de las indemnizaciones de despido de la plantilla, que en aquel momento estaba compuesta por 145 trabajadores.

El objetivo era ahorrarse los pagos por despido que Valeo tuvo que asumir unos años antes. Los únicos que comparecieron ayer fueron Antonio Sánchez Celdrán, José Luis Gras y Luis Ernesto Echecopart, aunque uno de ellos, que es abogado, se sentó con los defensores. Por su parte, el fiscal y el letrado de los trabajadores consideran que no procede la suspensión del juicio y que las reservas planteadas por los letrados de los acusados son argucias para seguir alargando el proceso y eludir el pago de las indemnizaciones. El fiscal pide para los acusados tres años de cárcel y 7,9 millones de euros en concepto de responsabilidad civil por un delito contra los derechos de los trabajadores, que les permitiría cobrar las indemnizaciones pendientes desde hace 24 años.

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